El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra en la antesala de un nuevo conflicto que impactará directamente en el día a día de millones de personas.

Las cámaras empresarias del transporte público automotor, que agrupan a las principales líneas de colectivos, han emitido un comunicado contundente: se declaran en estado de emergencia y advierten sobre inminentes reducciones en la frecuencia de los servicios. La situación, según las compañías, es “insostenible” y las pone “al borde del colapso”.

La raíz del problema no es nueva, pero se profundiza con el correr de los días. El incremento constante en los costos del combustible, acentuado por la coyuntura internacional y el impacto de conflictos como la guerra en Medio Oriente, ha golpeado con fuerza la estructura de gastos de las empresas.

De hecho, este escenario ya tuvo un capítulo previo a principios de abril, cuando las mismas cámaras empresarias decidieron disminuir las frecuencias en una primera medida de “racionalización”.

Aquella vez, la decisión generó un considerable malestar y dificultades para miles de pasajeros que dependen del transporte público para trabajar, estudiar o realizar sus actividades cotidianas. Ahora, la amenaza es aún más seria y la posibilidad de un nuevo ajuste se vislumbra en el horizonte cercano.

El reclamo de las empresas es claro y se traduce en una cifra que asusta: exigen al Gobierno el pago de una deuda de 128 mil millones de pesos. Para ponerlo en perspectiva y entender la magnitud de este agujero financiero, estamos hablando de una suma que equivale a más de 365 mil sueldos promedio de un laburante argentino o al costo de construir más de cien escuelas, una cifra que ilustra la dimensión del problema que enfrentan.