El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. Tras semanas de zozobra, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Juan Martín Mena, junto con el Ministerio de Seguridad, que lidera Javier Alonso, presentaron una denuncia formal ante la Procuración General bonaerense.

El objetivo es identificar a los responsables de organizar, promover e instigar las amenazas de tiroteos y ataques que ya afectaron a más de 600 establecimientos escolares en territorio provincial durante el mes de abril.

La presentación, que lleva también la firma del subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, busca ir más allá de las causas individuales que tramitan en cada Departamento Judicial.

Los funcionarios exigen una investigación que apunte a la “estructura delictiva” o el esquema de intervención organizada que está dando sustento a estas intimidaciones. Para el Gobierno, no se trata solo de episodios aislados, sino de un fenómeno que utiliza la “fragmentaria espontaneidad” de las redes sociales para mantener en vilo a las comunidades educativas.

La denuncia establece un hito trágico como punto de origen: el ataque armado en la Escuela N° 40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal, Santa Fe, ocurrido el pasado 30 de marzo. Aquel episodio, donde un alumno de 15 años mató a un compañero de 13 e hirió a otros ocho, funcionó como un disparador que escaló exponencialmente en la provincia de Buenos Aires.

Según fuentes oficiales, tras ese hecho se detectó una viralización de amenazas, muchas de ellas vinculadas a "desafíos" de TikTok, que anuncian masacres con fechas y horarios específicos.