La narrativa fundacional con la que Javier Milei irrumpió en la política argentina, la de combatir a la “casta”, muestra hoy fisuras profundas que van más allá del impacto económico del ajuste.

Las últimas encuestas nacionales encienden una luz de alarma en el oficialismo: dos de cada tres consultados, un contundente 66,6%, creen que el gobierno ha terminado por parecerse a aquello que prometió erradicar, rompiendo así el pacto simbólico que lo llevó al poder.

Esta erosión del discurso “anticasta” es un golpe directo al corazón de la legitimidad que sostenía el ajuste económico y diferenciaba al oficialismo del resto del sistema político.

La percepción de que el gobierno no está comprometido con la prevención de la corrupción alcanza también un preocupante 66,6%, mientras que el 57,3% cree que hay corrupción generalizada en la gestión, un dato que agrava la crisis de imagen y credibilidad.

En este complejo escenario, la aprobación de la gestión del gobierno ha caído a un 33,1%, y la imagen presidencial de Javier Milei también profundiza su retroceso, ubicándose en un 35,2% positiva frente a un 59,3% negativa, lo que arroja un diferencial adverso de 24 puntos.

El malestar social se traduce directamente en el bolsillo de los argentinos. Un abrumador 81,6% de los encuestados afirma haber resignado consumos en los últimos seis meses para llegar a fin de mes, y no se trata solo de ocio, sino de recortes en alimentos, salud y servicios esenciales.

La distancia entre el relato oficial y la realidad cotidiana es palpable: el 86,6% asegura que su salario no le gana a la inflación, y el 70,3% descree que el índice del INDEC refleje lo que realmente sucede.