La renuncia de Carlos María Frugoni a su puesto como Secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía cayó como un rayo en un domingo agitado, dejando al descubierto una vez más la delicada fibra de la transparencia en la gestión pública.

El funcionario, que llevaba apenas poco más de tres meses en el cargo, abandonó su puesto tras admitir un “error” que, para el ojo público, resuena más a una grave omisión: siete propiedades en Miami, Estados Unidos, que convenientemente habían quedado fuera de sus declaraciones juradas en Argentina.

El detonante fue la revelación de estos bienes inmuebles en el exterior, un patrimonio que no figuraba ni ante la Oficina Anticorrupción ni en los registros fiscales del país. Frugoni, en su descargo, atribuyó la irregularidad a un proceso de "regularización" pendiente al momento de asumir, aunque reconoció que tributaba por esas propiedades en suelo estadounidense, pero no en Argentina, una diferencia que complejiza aún más su situación legal y ética.

La celeridad con la que el ministro Luis Caputo aceptó la dimisión no hizo más que subrayar la urgencia de contener el impacto de este nuevo foco de conflicto. La salida de Frugoni se inscribe en un telón de fondo de creciente presión política sobre el gabinete nacional, que ya venía lidiando con una serie de controversias y un palpable desgaste en áreas clave, poniendo a prueba la cohesión y el pulso del gobierno libertario.