Los intendentes bonaerenses, con el respaldo explícito del gobernador Axel Kicillof y la cúpula del Partido Justicialista provincial, han decidido volver a movilizarse hacia el Ministerio de Capital Humano.

El objetivo es claro: reclamar los fondos adeudados para el Servicio Alimentario Escolar (SAE), un servicio crucial que garantiza el plato de comida diario a miles de estudiantes en la provincia más grande del país. Esta escalada de la protesta marca un nuevo capítulo en la tensa relación financiera entre Nación y Buenos Aires.

La deuda que el gobierno bonaerense le achaca a la administración de Javier Milei es contundente: unos 220.000 millones de pesos corresponden al financiamiento del SAE.

Para ponerlo en perspectiva, esta cifra equivale a la construcción de unas 220 escuelas de tamaño medio o a la adquisición de más de 5.000 patrulleros, recursos vitales que hoy escasean en las arcas provinciales y municipales, afectando directamente la calidad de vida de los bonaerenses, especialmente la de los niños y adolescentes.

Según denunció el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, el gobierno nacional había prometido financiar el 20% del Servicio Alimentario Escolar. Sin embargo, los giros efectivos por parte de la cartera que conduce Sandra Pettovello apenas superaron el 10%, dejando a la provincia con una carga financiera insostenible.

Esta situación, lejos de ser un mero desacuerdo contable, profundiza la crisis alimentaria en un contexto social ya de por sí complejo.

Frente a este escenario de recortes y promesas incumplidas, la Provincia de Buenos Aires ha intentado paliar la situación con recursos propios. Anunció un incremento del 30% en el SAE, duplicó la asistencia alimentaria a los municipios y aumentó un 25% las prestaciones sociales.

No obstante, desde el gobierno de Kicillof advierten que estas medidas son insuficientes y no alcanzan para cubrir la demanda sin el acompañamiento financiero que, por compromiso, debería aportar la Nación.