Luego de que el Gobierno nacional se comprometiera ante la Corte Suprema a presentar una propuesta por la deuda previsional el próximo 10 de junio, la presidenta del IPS, Marina Moretti, salió a fijar posición y dejó definiciones fuertes sobre el conflicto entre Nación y Provincia.

“Estamos en un proceso que tuvo un nuevo capítulo. Acompañamos al gobernador Axel Kicillof a esta segunda audiencia, después de haber agotado la vía administrativa en 2024 y avanzar con una demanda judicial para reclamar los fondos previsionales que corresponden”, explicó en Diagonales a Contramano.

El origen del conflicto se remonta al inicio del gobierno de Javier Milei. Según Moretti, desde enero de 2024 la Provincia dejó de percibir las compensaciones previstas en la Ley 27.260, que obliga a la Nación a asistir a las cajas previsionales provinciales.

“Se hicieron todos los reclamos administrativos y, ante la falta de respuesta, se inició la demanda. En marzo de 2026 la Corte convocó a una audiencia para retomar el trabajo, pero eso no avanzó, en parte por los cambios de autoridades en ANSES”, detalló.

Auditorías pendientes y promesa de Nación

En la última audiencia, Nación asumió un compromiso concreto: finalizar en 45 días las auditorías pendientes y presentar una propuesta para resolver el conflicto.

“Las auditorías no se hicieron durante dos años. Hubo intentos, pero nunca se concretaron. Ahora se comprometieron a terminarlas y a traer una solución”, señaló Moretti, quien remarcó que otras provincias ya lograron acuerdos parciales con la Casa Rosada.

El punto más crítico es el monto. “A valores de hoy, la deuda supera los dos billones de pesos. Eso representa un tercio del presupuesto anual del IPS”, advirtió.

Pese a ese escenario, la Provincia sigue afrontando los pagos. “Las jubilaciones y pensiones se siguen pagando con recursos del Tesoro bonaerense. Es decir, los contribuyentes de la Provincia están cubriendo una deuda que es de Nación con los jubilados”, sostuvo.

Una disputa política con impacto social

Moretti fue tajante sobre el uso de esos recursos: “Esa plata no tiene otro destino más que pagar jubilaciones. Se está cumpliendo con esa obligación, pero a costa de resignar otras políticas públicas”.

En ese sentido, subrayó el carácter alimentario de las prestaciones: “Son ingresos que las personas necesitan para vivir después de trabajar toda su vida. No se pueden interrumpir”.

Para la titular del IPS, el conflicto excede lo técnico y tiene un impacto directo en los bonaerenses. “Estamos hablando de fondos previsionales que deberían estar llegando por ley. Hoy los está sosteniendo la Provincia con un esfuerzo enorme”.

Y cerró con una definición política: “Esta situación golpea directamente a los jubilados bonaerenses. Por eso, el objetivo es claro: encontrar una solución que permita aliviar este esquema que hoy es insostenible en el tiempo”.