El Gobierno de Javier Milei impulsa una profunda reforma electoral que busca reconfigurar por completo el financiamiento y la publicidad de las campañas políticas en Argentina, reduciendo al mínimo el aporte estatal y abriendo las compuertas a los fondos privados.

Esta iniciativa promete cambiar las reglas de juego para todos los partidos, generando un debate sobre la equidad y el poder de los grandes donantes en el escenario político nacional.

El proyecto de Reforma Electoral Integral del Ejecutivo, más allá de la discutida propuesta para eliminar las PASO, se enfoca en una batería de modificaciones clave que sacuden el tablero.

La principal es la eliminación casi total del financiamiento estatal de las campañas, la flexibilización de los límites a los aportes privados y la supresión de los espacios gratuitos de publicidad en radio y televisión. Una movida que, de concretarse, podría transformar el panorama electoral tal como lo conocemos.

Este hachazo a la billetera de los partidos no es el primero. Un paso inicial ya se había dado el año pasado con la sanción definitiva de la Boleta Única de Papel a nivel nacional.

Aquella medida cortó los aportes estatales destinados a la impresión de las tradicionales boletas sábana, un recurso que algunos sellos políticos solían utilizar para generar ingresos extra, marcando ya un cambio en la forma en que el Estado contribuía al sostenimiento de la actividad partidaria.

Pero la nueva reforma va mucho más allá, proponiendo un segundo y más drástico recorte. La iniciativa plantea la eliminación casi total de los aportes extraordinarios que el Estado entregaba para cada elección.

A partir de estas modificaciones a la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, solo se mantendría el Fondo Partidario Permanente, un aporte anual que, además, se acota a las agrupaciones que hayan obtenido al menos un 1% de los votos del padrón total en la última elección de diputados nacionales.

Los recursos disponibles para este aporte público anual restante se distribuirían de forma específica: un 20% de manera igualitaria entre todos los partidos políticos reconocidos que cumplan el umbral del 1%, y el 80% restante en proporción a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la última elección de diputados.