Siete años después de una elección que se definió por una diferencia de 49 votos, la Justicia Federal dijo que hubo fraude en Maipú. El juez Alejo Ramos Padilla procesó al intendente Matías Rappallini por haber organizado acciones para “retener documentos de identidad de terceros mediante engaños”.

Según el fallo, la maniobra consistió en quitarle el DNI a al menos 27 ciudadanos, principalmente mujeres en situación de vulnerabilidad. El objetivo era impedirles votar en 2019, año en que el radical retuvo la intendencia por una diferencia de 49 votos (4212 contra 4163) de su opositor, Carlos Coudannes. 

Junto al jefe comunal fue procesada su exsecretaria de Gobierno y actual intendenta interina, Lorena Otermín. Para la Justicia, ambos coordinaron la entrega de identificaciones a cambio de dinero o alimentos, condicionando el derecho básico al sufragio.

La Cámara Nacional Electoral ya había advertido sobre la existencia de este "mecanismo organizado" para manipular el resultado. Mientras la causa avanza hacia el juicio oral, Rappallini permanece de licencia para dedicarse a su empresa familiar de cosméticos, Gigot.

Es preciso mencionar que el apellido Rappallini maneja los destinos de Maipú desde hace casi dos décadas, alternando el sillón municipal entre los hermanos Aníbal y Matías. Ahora, este procesamiento pone en crisis la legitimidad de un poder territorial que parece haberse construido con trampas.