La majestuosa Basílica de Luján, santuario de la fe argentina, fue testigo de una inusual confluencia de poder político. Lo que en apariencia era un solemne homenaje al Papa Francisco, se transformó en un escenario donde las principales espadas del gobierno y un referente opositor de peso compartieron un mismo espacio, generando un abanico de interpretaciones sobre el presente y futuro de la política nacional.

La presencia fue notable y diversa. Por un lado, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezó la comitiva oficial, acompañada por el gabinete en pleno, una señal de cohesión y respaldo institucional al evento.

Por el otro, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y figura central del peronismo, se hizo presente, sumando una capa de complejidad a la jornada. Este cruce de caminos, entre ideologías tan distantes, no pasó desapercibido para nadie.

El santuario de Luján, por su propia naturaleza, es un lugar de encuentro y de fe que trasciende las diferencias partidarias.

Sin embargo, en Argentina, ningún acto público de esta magnitud está exento de lecturas políticas. La elección de este escenario para un homenaje al Papa Francisco subraya la búsqueda de un terreno común, o al menos neutral, donde las asperezas cotidianas pudieran, aunque sea por un momento, quedar en segundo plano.

Para el oficialismo, la asistencia masiva del gabinete y de la vicepresidenta representa un gesto calculado de institucionalidad y respeto hacia una figura globalmente reconocida como Francisco.

La crisis del hambre en disputa

La asistencia del gobernador bonaerense mientras crece la polémica por la culminación del programa MESA pone un debate que la Iglesia está muy pendiente. Luego del cruce con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la provincia protagonizó un embate que marca el termómetro de la calle.

Cerca del ministro Andrés Larroque señalan que la crisis social es “insostenible” y marcan que “los recortes de Nación generan que no se puedan mantener los programas de asistencia”. Desde Nación aseguran “no tener deuda” con la Provincia y adjudican que el programa MESA “se aporta un 20% de los fondos”, adjudicando la mayoría a la administración bonaerense.