El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se prepara para un nuevo round en la Corte Suprema de Justicia, en lo que ya se configura como uno de los frentes de batalla más calientes con el gobierno nacional.

La provincia de Buenos Aires insiste en que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le adeuda una cifra multimillonaria y espera que el máximo tribunal interceda para destrabar esos fondos vitales.

La disputa central gira en torno a 2,2 billones de pesos que, según la Provincia, ANSES le debe. Este monto se generó a partir de la suspensión de transferencias nacionales destinadas a cubrir los déficits de las cajas jubilatorias provinciales, una medida implementada por decreto (DNU 280/2024) por la administración de Javier Milei en 2024.

Para ponerlo en perspectiva, esta suma es equivalente a construir once mil escuelas nuevas o a cubrir por un año los salarios de más de medio millón de trabajadores promedio.

El camino judicial de este reclamo comenzó en abril de aquel año, cuando el gobierno bonaerense presentó su demanda. Tras una primera audiencia el 17 de marzo, donde ANSES argumentó no tener información suficiente para determinar el monto real de la deuda, la Corte le dio un plazo de 30 días para realizar las verificaciones pertinentes. Ahora, con ese tiempo cumplido, la expectativa es máxima.

La estrategia de Kicillof en la próxima audiencia es clara: obtener una medida cautelar favorable. Esto significaría que los jueces supremos obliguen a ANSES a reiniciar los pagos de inmediato, aun cuando el debate de fondo sobre la constitucionalidad del DNU 280/2024 siga su curso. La urgencia de la Provincia radica en la necesidad de contar con esos recursos sin más dilaciones.