La provincia de Buenos Aires se ha convertido en el epicentro de una nueva y enredada interna peronista, donde la urgencia del hambre se entrelaza con las pujas de poder.

A pesar de los esfuerzos del gobernador Axel Kicillof por consolidar y expandir el espacio, un reciente proyecto legislativo ha clavado una espina en el flanco de su administración, revelando las divergentes visiones sobre la responsabilidad de la crisis alimentaria que azota el territorio.

El detonante fue una iniciativa del senador provincial Mario Ishii, que propone declarar la emergencia alimentaria y nutricional en toda la provincia. Lo llamativo de la propuesta, atribuida por el entorno de Kicillof a La Cámpora, es que insta al Ejecutivo provincial a reasignar sus recursos con “criterios de estricta prioridad social”, haciendo hincapié en que “garantizar el acceso a la alimentación debe prevalecer por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resultan esenciales”.

Este proyecto, que en sus fundamentos repasa la crisis económica de los últimos dos años sin mencionar explícitamente al presidente Javier Milei ni a su gobierno, fue recibido con irritación en la Casa de Gobierno bonaerense.

La lectura es clara: mientras Kicillof responsabiliza a la Nación por los recortes en los programas alimentarios escolares, la propuesta de Ishii, de corte cristinista, parece poner el foco en la gestión y prioridades de la propia Provincia.

En respuesta a esta presión interna y externa, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, no tardó en formalizar un reclamo a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La provincia exige el pago de una deuda acumulada por el Servicio Alimentario Escolar (SAE) que, según afirmó, asciende a más de 220.000 millones de pesos.

Sin embargo, la interna peronista amenaza con socavar esta estrategia. Pese a haber asumido la conducción del Partido Justicialista provincial en reemplazo de Máximo Kirchner, Kicillof no logra amalgamar a todos los sectores.