El gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha una compleja estrategia para redefinir el financiamiento de las universidades nacionales, una movida que busca equilibrar las cuentas públicas pero que genera un fuerte impacto en el sistema educativo.

Con un pie en el Congreso y otro en los tribunales, la administración libertaria intenta imponer su visión de austeridad, mientras las casas de estudio y sus gremios observan con preocupación el futuro de sus presupuestos y los salarios.

El corazón de la propuesta oficial es una nueva Ley de Financiamiento Universitario, que el Poder Ejecutivo ya envió al Congreso.

Su objetivo declarado es “armonizar las necesidades de financiamiento” de las universidades con las “reales posibilidades” del Estado, un eufemismo que, en la práctica, implica convalidar el "recorte fenomenal" que sufrieron los presupuestos en 2024.

La iniciativa busca recuperar una porción del salario real perdido por docentes y no docentes, pero solo a partir de 2025, dejando firme la licuación de ingresos del año en curso.

Inicialmente, la Secretaría de Educación, bajo la batuta de Carlos Torrendell, había desplegado una ronda de contactos con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y gremios en febrero, buscando un consenso para que el proyecto avanzara rápidamente.