El Gobierno nacional sumó un traspié insólito en la batalla por la reforma laboral. El juez Raúl Horacio Ojeda rechazó una presentación de la Procuración del Tesoro con un argumento feroz: el jefe de los abogados del Estado, Sebastián Amerio, no está matriculado.

La decisión de Ojeda, que interviene en la causa impulsada por la CGT, fue un "frenazo" en seco para la estrategia libertaria. El magistrado intimó a los apoderados oficiales a no continuar haciendo presentaciones con el patrocinio del funcionario.

Desde la Casa Rosada salieron al cruce y calificaron el fallo de "delito". Invocaron un antecedente de la Corte de 1997 que eximía a los subprocuradores de la matrícula federal por el carácter institucional de su cargo.

Sin embargo, fuentes judiciales aseguran que la bronca de Ojeda estalló porque el Gobierno intentó un "per saltum" a la Corte calificando su juzgado como una instancia de rango "municipal".

El "olvido" de la matrícula deja al descubierto una interna de poder. Amerio, hombre cercano a Santiago Caputo, desembarcó en la Procuración tras la purga que Karina Milei realizó en el Ministerio de Justicia para desplazar a los hombres de Cúneo Libarona.

Ahora, la pelota quedó en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si valida el salto de instancia. Mientras tanto, el Gobierno nacional se queda sin su principal firma legal en una de las causas más sensibles para el programa económico de Milei.