El conflicto de los transportistas autoconvocados, que ya cumple 10 días, ha dejado de ser una protesta sectorial para convertirse en una sangría económica de escala regional.

Según estimaciones de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), la parálisis en los accesos a las terminales de Bahía Blanca y Quequén ya acumula pérdidas por US$ 100 millones, afectando la reputación de Argentina como exportador confiable.

El vicepresidente de la CPPC, Luis Zubizarreta, trazó un panorama crítico sobre la operatividad de los muelles bonaerenses, contrastando con la normalidad que se vive en el Gran Rosario:

Hay 8 muelles con problemas de carga entre Bahía Blanca y Necochea. Cada buque amarrado que no puede cargar mercadería le cuesta al exportador unos US$ 50.000 por día.

La acumulación de barcos en espera genera una "cola" logística que tardará semanas en normalizarse una vez levantada la medida.

El dato más grave para el mediano plazo es el desvío de buques hacia otros orígenes fuera del país ante la imposibilidad de cumplir con los contratos en tiempo y forma.

El campo, doblemente castigado

Para los productores agropecuarios, el paro de transporte en plena cosecha gruesa representa un sobrecosto imprevisto. Al no poder sacar el grano de los campos, los agricultores deben recurrir de urgencia al silobolsa, un costo logístico extra que no estaba en los cálculos de la campaña.

Zubizarreta advirtió que esta parálisis en momentos de alta demanda podría provocar que el "flete corto" sea absorbido definitivamente por el ferrocarril, desplazando a los camiones incluso cuando el conflicto termine.

Se pone en juego la fiabilidad del origen argentino, lo que suele derivar en castigos de precio en los mercados internacionales por el riesgo de incumplimiento.