La suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires para este año ya es un hecho, el lunes será el momento del debate en el recinto que dará la finalización de los acuerdos. Sin embargo, la decisión de la Legislatura de no modificar los plazos electorales vigentes abrió un nuevo frente de conflicto.

La Junta Electoral bonaerense advirtió sobre las serias dificultades que implican los tiempos actuales para organizar la elección del 7 de septiembre, mientras que desde el gobierno de Axel Kicillof se desmarcan y señalan que la responsabilidad recae ahora en el Poder Legislativo.

Aunque se esperaba que el proyecto aprobado en el Senado avanzara sin cambios en Diputados, la cuestión de los plazos frenó el acuerdo. El texto final suspende la ley de PASO (14.086) solo por 2025 y garantiza los fondos para la impresión de boletas, pero mantiene intacto el cronograma original. La Junta Electoral, a través de una nota firmada por su secretario Daniel Demaría Massey, había solicitado formalmente modificar los tiempos, alertando que los plazos vigentes son “muy complejos” y “no fueron utilizados nunca”.

El principal problema señalado por la Junta es el escaso margen entre la presentación de listas (8 de agosto, 30 días antes de la elección) y la de boletas (18 de agosto, 20 días antes). Esto deja apenas diez días corridos para verificar y oficializar a todos los candidatos, que podrían superar los diez mil. “Estos plazos dificultan la posibilidad de organizar la elección”, advirtió públicamente el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Desde el entorno de Kicillof, la postura es clara: el tema de los plazos “es un tema que tiene que solucionar la Legislatura con la Junta”. Señalan que el Gobernador ya cumplió con su parte al fijar las fechas y acusan a sectores legislativos de ejercer “presión hasta último momento” para que “los platos rotos los pague el gobernador”.

Una fuente cercana calificó la negativa a ajustar los plazos como una actitud “infantil o de lo psiquiátrico”, ya que “están eludiendo un pedido bien preciso de la Junta”. La posibilidad de fijar los plazos por decreto fue descartada desde el Ejecutivo.

En la Legislatura, si bien se acordó avanzar con la suspensión sin tocar los plazos para evitar tensiones mayores en lo inmediato, el malestar existe. Hubo críticas por la forma en que la Junta comunicó su pedido y por la falta de diálogo previo. El presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, recordó que “hace 40 días que se pidió que vinieran las partes interesadas a decir lo que querían, eso no ocurrió”.

Como próximo paso, se convocó a la comisión de Reforma Política, que citará a autoridades de la Junta Electoral, del Ministerio de Gobierno y al juez federal electoral Alejo Ramos Padilla para discutir formalmente el problema. Aunque la suspensión de las PASO ya está aprobada, la tensión por los tiempos electorales promete continuar.