El juez federal Alejo Ramos Padilla le puso un freno a la motosierra y suspendió el Decreto 116/2025, que dispuso la conversión del Banco Nación en una sociedad anónima. Además, prohibió toda acción respecto a su implementación hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Días atrás, Javier Milei le había puesto la firma al DNU que oficializó el primer paso para privatizar la entidad financiera, con el argumento de que era "imprescindible" para que la banca "continúe aumentando los préstamos a favor de las PyMEs y las familias".

Sin embargo, este martes Ramos Padilla lo echó para atrás al dictar una medida cautelar. El argumento central fue que el Poder Ejecutivo se habría excedido en los límites que el Congreso le dio al realizar la delegación de facultades en la Ley Bases.

En esa línea, sostuvo que la transformación del BNA en sociedad anónima podría contradecir lo establecido por la Ley Bases, que lo excluyó de la lista de entidades a privatizar. Además, resaltó que cualquier cambio en la estructura jurídica del banco debe ser aprobado por el Congreso.

Así, la Secretaría 4 del Juzgado Federal nro. 2 resolvió en primer término "disponer como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del DNU 116/25 y ordenar al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación".

Asimismo, le requirió "a las autoridades públicas demandadas que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzcan un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud de medida cautelar efectuada por la actora en fecha 20/2/2025 (cfr. art. 4 ley 26.854)".

El decreto lanzado por el Gobierno generó un fuerte repudio por parte de la órbita política y de la Asociación Bancaria. A través de un duro comunicado, el gremio lanzó: "Es contradictorio querer vender lo que funciona, salvo que el único objetivo sea un negociado espurio y una nueva estafa".

"¿A qué amigos querrá beneficiar esta vez, entregándole el negocio más rentable del sistema financiero argentino?"  aseguraron desde el gremio que conduce Sergio Palazzo.

En sintonía, el ministro de obras Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, rechazó la misma al advertir que significaría la quiebra de miles de PyMEs y productores agropecuarios.