La CTA, junto a organismos de DDHH, reclamaron al Senado de la Nación por el rechazo al proyecto denominado “Ley Antimafia”, que pregona el gobierno nacional para las sesiones extraordinarias.

La presentación se realizó ante la Cámara de Senadores, solicitando el rechazo en todos sus términos del proyecto de Ley de Abordaje Integral del Crimen Organizado.

El proyecto “está plagado de problemas dogmáticos que vulneran entre otras cosas institutos elementales básicos, a los que debe someterse la legislación penal de nuestro país por imperativo constitucional, tales como el principio de legalidad, el principio de responsabilidad por el hecho del que se es autor, al atribuir sanción penal a una persona por integrar un  grupo determinado sin haber cometido ningún hecho”, afirman en la presentación.

La solicitud lleva las firmas de Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma; Adolfo Pérez Esquivel, Presidente Honorario SERPAJ; Ana María Careaga, Co-Presidenta del Instituto Espacio para la Memoria; Claudia V. Rocca, Presidenta Asociación Argentina de Juristas y Vicepresidenta de la Asociación Americana de Juristas; y de Iris Avellaneda, Presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

El escrito hace un pormenorizado análisis del proyecto denominado “Proyecto de ley contra el crimen organizado”, impulsado por el ejecutivo, y que ya fue tratado en carácter informativo por el plenario conjunto de las Comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales el pasado 6 noviembre y sostiene que “además de estas cuestiones muy  graves, como la supresión de garantías procesales y conflictos de jurisdicción, el proyecto se explaya sobre  otros  aspectos  más  preocupantes  que  se  vinculan con las diversas autorizaciones de actuación que brinda a las fuerzas de seguridad”.

Además, se fundamenta sobre su “Inconstitucionalidad, inconvencionalidad”, dado que se pretende “una reforma ilegal del estado de sitio constitucional” dado que se podrían instaurar la denominada “zona de investigación especial” con atributos discrecionales para las fuerzas de seguridad de “detener personas sin orden judicial reemplazando la exigencia legal de “sospecha de comisión de un delito” de los códigos procesales del país por el ligero motivo de “averiguación” por plazo de hasta 30 días (art. 6)”.

El proyecto de ley implica una “supresión de garantías procesales constitucionales y convencionales”; y genera un “conflicto jurisdiccional federal y otras inconstitucionalidades”, insisten.

En ese sentido, los organismos cuestionan “¿cuál es el objetivo real de la denominada Ley Antimafia?: La respuesta a la pregunta efectuada al final del anterior apartado, debe ser analizada a la luz de diversas políticas económicas y sociales del actual gobierno, en combinación con los decretos y protocolos en materia de seguridad, y otros proyectos de ley en materia penal sancionados y en ciernes”.