La batalla del Gobierno nacional contra el presupuesto universitario sumó otro capítulo hoy con la publicación de una serie de decretos polémicos. A través de ellos, modifican la normativa sobre compras, contrataciones y transparencia de las universidades públicas para controlar sus gastos.

Así, la administración de Javier Milei obliga a las universidades autilizar los portales COMPR.AR, CONTRAT.AR y e-SIDIF para poder observar sus gastos, y elimina las contrataciones interadministrativas o con personas jurídicas o físicas que estén inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.

La medida, publicada en el Decreto 1092/2024, explica que no se interferirá en las decisiones, sino que registrará las cuentas. El primer DNU insta a que opten por COMPR.AR Y CONTRAT.AR, ya que, si bien hay 35 que ya lo utilizan, otras no lo hacen, y eso dificulta la rendición.

¿Qué dicen las otras normativas?

El segundo decreto indica a las universidades que dejen de usar el Sistema de Información Universitaria (SIU-Pilagá) y lo reemplacen por Sistema e-SIDIF. Esto generará que los gastos, transferencias y pagos tengan el mismo seguimiento que tienen los fondos públicos.

La idea es que el e-SIDIF se pueda ver de manera online y sincronizada cuando se ejecute el presupuesto de cada uno.

En tanto, el tercer decreto es un DNU que impone restricciones en las contrataciones directas entre reparticiones públicas y universidades, salvo que estas acrediten ser el único proveedor disponible.

El cuarto es el que reglamenta el DNU que prohíbe que haya nuevos decretos interadministrativos que faciliten que entes públicos nacionales y subnacionales contraten a las universidades. De esta manera, funcionarán igual que las empresas privadas.