En la jornada del martes, el Senado bonaerense se propuso avanzar con un paquete de entrevistas a los magistrados que el gobernador Axel Kicillof pretende designar para cubrir vacantes en el poder judicial. Sin embargo, las tensiones internas del peronismo casi hacen caer su propio plan.

Ayer, los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presidida por el camporista Emmanuel González Santalla, lograron dar quórum, pero las trabas aparecieron de inmediato, a raíz de seis pliegos claves para la oposición que estaban entre los nombres.

Así las cosas, el foco de tensión se posó sobre Santalla, quien era el encargado de comandar las negociaciones con la UCR y demás bloques de la Legislatura, que ayer, tras la bronca con el oficialismo, no se quedaron a realizar las entrevistas.  

Los pliegos del conflicto son los del Fiscal de Casación Adjunto de La Plata; Juez de Cámara de La Plata; Juez de Garantías de Berazategui, Juez de Garantías de Pergamino y Juez de Garantías de Mar del Plata.

Asimismo, la oposición pidió que se agregue el Fiscal General de San Nicolás, que formaba parte del acuerdo previo y no apareció el pliego, lo que provocó la bronca de tanto ajenos como propios.

Los protagonistas del conflicto

El grupo de senadores ofendidos está integrado por los peronistas Gustavo Soos, Amira Curi, Gabriela Demaría, Sergio Berni, Adrián Santarelli, Sofía Vanelli y Luis Vivona. Sin embargo, a pesar de su bronca, no dejaron caer las entrevistas.

En contramano, el radical Ariel Martínez Bordaisco, el monzoísta Marcelo Daletto (bloque UCR-Cambio Federal); los amarillos Alejandro Rabinovich, Alex Campbell, Marcelo Leguizamón y Juan Manuel Rico Zini, y el libertario dialoguista Sergio Vargas, fueron quienes se ausentaron.

Así las cosas, a pesar de las turbulencias, el proceso cara a cara con los postulantes seguirá hasta completar los 211 nombres y seguirá su camino hacia el recinto, donde deberán aprobarse sus designaciones.

Tras el visto bueno a 135 pliegos judiciales en septiembre, ahora todo se encamina a que el Gobierno bonaerense culmine el año cumpliendo su meta de cubrir la mayor cantidad de vacantes judiciales posibles para optimizar el funcionamiento del poder judicial en la provincia.