Tras la batería de tarifazos en los servicios públicos que marcaron el 2024, el Gobierno Nacional extendió la emergencia energética que declaró el 16 de diciembre de 2023. La medida abarca las áreas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.

A través del Decreto 1023/24, la gestión de Javier Milei estableció que la emergencia del sector energético nacional se extenderá hasta julio de 2025, corriendo el plazo original que era hasta el 31 de diciembre de 2024.

Según detallaron, todavía “persisten las circunstancias” que llevaron a la primera declaración de la emergencia. Por eso, consideraron “indispensable y urgente” extenderla para seguir “adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos”.

Así las cosas, esta medida impacta directamente tanto en las empresas del sector como en los usuarios, dado que el Gobierno nacional es quien tiene la última palabra para establecer los cuadros tarifarios y el esquema de subsidios, entre otros detalles.

¿Qué consecuencias implica?

Entre otros puntos, prorrogar la emergencia energética implica la demora en la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios tanto de luz como de gas.

En segundo lugar, se mantiene la intervención de los entes reguladores, tanto el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) como el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Así, seguirán con las autoridades designadas por el Poder Ejecutivo y sin unificarse.

Por último, la prórroga también supone que se mantiene el sistema actual de subsidios para el sector. Esto también depende del presupuesto nacional del año que viene que, por ahora, está estancado en el Congreso, pese al tironeo de los gobernadores.