Tras la masiva marcha universitaria que se replicó en ciudades de todo el país, el presidente Javier Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario bajo el argumento de que “daña al gobierno políticamentel”. Sin embargo, la UCR ya llamó a sesión para frenar la iniciativa libertaria.

El Gobierno ya lo había anticipado en un comunicado ni bien terminaron las movilizaciones, donde acusó a referentes políticos de la oposición que asistieron a la protesta de conformar “un nuevo frente de izquierda populista”.

Finalmente, a través del Decreto 879/24, dio de baja la ley, acusando que “es manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

Otro de los principales puntos es que la medida “establecería un privilegio para el personal de las universidades nacionales respecto del resto del personal de la administración pública nacional”, por lo que alegan que los aumentos deben darse “a través de la negociación colectiva de trabajo”.

También sacaron a la carta del equilibrio fiscal y "la responsabilidad asumida" por el Gobierno libertario respecto al rumbo económico: “La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”, afirma el Decreto.

Sesión en marcha

Luego de convenir en la marcha con distintos actores políticos como el sindicalismo y dirigentes como Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno bonaerense, el exministro de Economía, Sergio Massa, entre otros, la UCR salió disparada a llamar a una sesión para frenar el veto.

Con una visible columna encabezada por el senador nacional Martín Lousteau, los radicales defendieron la ley de financiamiento y, una vez oficializado el veto, convocaron a una especial que será el miércoles 9 de octubre.

El pedido lleva la firma de todos los sectores de la UCR, liderados por Rodrigo De Loredo, Facundo Manes y el propio Lousteau. Para tener en cuenta de cara al poroteo, de sus 33 bancas solo faltan las firmas de los cinco radicales que acordaron con Milei apoyar el veto de la movilidad jubilatoria.

Cabe señalar que la ley en disputa apuntaba a incrementar el presupuesto del sector universitario y los salarios de los trabajadores docentes y no docentes de acuerdo a la inflación, que cayeron un 23,7% en términos reales desde noviembre de 2023.