Los intendentes del Conurbano bonaerense tomaron la posta y avanzaron en una batería de medidas cautelares que comenzaron a tener su rédito ante el embate de Javier Milei por la prohibición del cobro de tasas en las boletas de servicios.

El primero en tener una visión favorable fue el intendente de Pilar, Federico de Achaval, quién mediante el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, logró una resolución a favor suspendiendo la aplicación de la Resolución 267/2024 del Gobierno Nacional.

Esta resolución impedía a los municipios incluir tasas municipales en las facturas de servicios. Por el momento, el fallo sólo se aplicará allí, hasta que se resuelva la causa presentada por el municipio, sin embargo, sienta un precedente para avanzar judicialmente frente a las demandas de los intendentes y apelan a la justicia para surfear el contexto.

Según el fallo “la resolución dictada no ha medido las consecuencias y los derechos individuales que conculca, tales como el derecho a la vida, la salud, la integridad física”.

La resolución de la Secretaría de Industria y Comercio también se considera una intromisión en el ámbito local, violando la autonomía del municipio en su capacidad recaudatoria, un eje que podría ser clave en la disputa legal entre Nación y los municipios.

El juez González Charvay, al evaluar los argumentos presentados, concluyó que "la medida cautelar no afecta al erario público nacional" y que la suspensión de la normativa garantizaría la capacidad recaudatoria del municipio, permitiendo así el mantenimiento de servicios vitales como el alumbrado público y la seguridad.