El escándalo que envuelve al intendente de San Martín, Fernando Moreira, por asociación ilícita y mal uso de fondos públicos sigue tomando temperatura y complica la situación del mandatario.

En las últimas horas fue rechazado el pedido de detención, pero resta conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia; hecho que hace que el paso de las horas cargue una cuota importante de tensión.

La causa inició en octubre, cuando un empleado municipal denunció la interrupción de un plan social que cobraba por parte del Ministerio de Desarrollo Social y desencadenó un proceso de investigación que pone contra las cuerdas a la administración de Moreira.

Para aumentar la tensión, la Policía Federal Argentina realizó allanamientos en la municipalidad por solicitud de la jueza federal Alicia Vence, que además prohibió que el jefe comunal salga del país, pero rechazó la detención del mandatario.

Un nuevo capítulo

Ahora, el fiscal federal de San Martín, Paul Starc, apeló ante la Cámara Federal de San Martín la decisión de la jueza Vence de rechazar su pedido de arresto, bajo el argumento de que existió el delito de administración pública y falsedad ideológica.

En ese escenario, el fiscal responsabilizó a Moreira como intendente; a José María Fernández, jefe de gabinete, y a Héctor Rey, director de administración de personal, por haber firmado el decreto que nombró al personal irregular investigado.

“La medida de coerción resulta necesaria y su no otorgamiento causa perjuicio a la investigación”, afirmó Starc, quien sostuvo que los imputados podrían destruir pruebas u obstaculizar la investigación en marcha.