Tras negociar con los gobernadores y legisladores “dialoguistas”, el Gobierno nacional presentó el borrador del nuevo proyecto de su “Ley de Bases”; una versión reducida que pretende profundizar las reformas económicas que inició el DNU.

El texto cuenta con 279 artículos, mientras que al anterior rondaba los 600; propone declarar la emergencia en 4 rubros, en vez de 11, y habilita la privatización de 18 empresas estatales, que antes eran 41. Además, incluye modificaciones laborales, previsionales e impositivas.

Entre sus principales puntos, la iniciativa busca dictar la “emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año”, lo que le otorgaría facultades extraordinarias al presidente, Javier Milei, para legislar en estas cuatro órbitas.

Se espera que este segundo proyecto comience a tratarse con el debate en comisión a partir del lunes 15 de abril o el 16, para que el miércoles o jueves de la siguiente semana ingrese al recinto.

Paquete fiscal

El tramo impositivo del proyecto, llamado “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, busca, entre los puntos más relevantes, restituir la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

De aprobarse esta ley, el mínimo no imponible será de $1.800.000 para los solteros, mientras que para los casados ​​con hijos será de 2.200.000 pesos.

Privatizaciones

En el capítulo de privatizaciones, si bien se redujeron ampliamente, quedaron en la lista Aerolíneas Argentinas; Energía Argentina SA (Enarsa); Radio y Televisión Argentina e Intercargo. También quedan sujetas a privatización y concesión AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos (Sofse).

Asimismo, se podrían plegar otras cuya privatización sería parcial: Nucleoeléctrica Argentina SA, el Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursatil, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

Reforma laboral

Respecto a la reforma laboral, la ley incluye cuestiones vinculadas al blanqueo y moratoria para aquellas empresas que regularicen la situación laboral de sus trabajadores. Además, promueve extinciones penales, condonación de deuda y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.