En un escenario de inestabilidad económica, el diputado bonaerense de Unión por la Patria, Juan Gómez Parodi, presentó un proyecto para dar respaldo y contención a las familias que cargan con deudas muy grandes.

El legislador propone modificar la Ley de Defensa del Consumidor, incorporando la figura de “sobreendeudamiento”, situación para la cual crea un procedimiento administrativo específico de prevención, saneamiento y reestructuración de pasivos.

En ese sentido, aclaró que se considera que un consumidor está sobreendeudado cuando se ve imposibilitado de hacer frente a compromisos contraídos en una relación de consumo y pagarlos le dificulta el acceso a bienes esenciales, afectando la salud y la economía familiar.

Asimismo, Parodi consideró imprescindible que el Estado provincial oficie como árbitro y asesore a quienes “ingresan en una espiral de endeudamiento que no sólo condiciona la posibilidad de planificar su organización a futuro, sino que compromete la posibilidad de acceder a los bienes básicos para garantizar su subsistencia”, aseguró.

¿Qué pasará si se aprueba la iniciativa?

De avanzar el proyecto, los ciudadanos que se encuentran sobreendeudados podrán presentarse en las oficinas municipales o provinciales de Defensa del Consumidor para iniciar un protocolo que comprende la citación al proveedor, la mediación entre las partes y la elaboración de un acuerdo.

El acuerdo deberá ser homologado por el Estado y podrá ser oponible judicialmente. Habilitaría comprometer quitas de capital, plazos de gracia y planes de pago, y establecería un mecanismo de cancelación, montos, plazos, intereses y cualquier otro aspecto inherente a la relación de consumo.

Además, el proyecto establece que se refuerce la información sobre aspectos fundamentales de la defensa del consumidor como las condiciones de contratación, intereses, modalidad de pago, montos, tasa de interés efectiva anual, comisiones, gastos, sistema de cancelación y plazos.

Por otra parte, se propone la “lealtad comercial”, donde el proveedor deberá pretender ganancias justas y razonables por su servicio y no podrá emitir publicidad engañosa que induzca a los consumidores a endeudarse más allá de sus posibilidades.

En tanto, el proveedor deberá evaluar los antecedentes crediticios y la solvencia patrimonial del consumidor a partir de fuentes disponibles y decidir el otorgamiento o la denegatoria del crédito, decisión que deberá ser comunicada al consumidor de modo fehaciente.