La Asociación Bancaria que conduce Sergio Palazzo anunció un paro de 24 horas para este martes, en todo el territorio bonaerense. La medida de fuerza es para exigir que la Legislatura bonaerense  trate y apruebe la modificación de la Ley 15008 que regula el régimen previsional de los trabajadores de la entidad.

Cabe destacar que el gobierno de Axel Kicillof intenta modificar hace meses. De hecho, la Suprema Corte de Justicia bonaerense había instado a la dirigencia a encontrar una "solución política" antes de fin de año, caso contrario emitiría un fallo al respecto.

Desde el gremio, expresaron que "su vigencia ha ocasionado un serio daño patrimonial al banco, ha promovido miles de cautelares y sigue poniendo en riesgo la estabilidad del propio sistema previsional ante la maraña de nuevos juicios que se avecinan", expresaron desde el gremio.

Asimismo, el paro de los trabajadores del Banco Provincia fue anunciado por las autoridades nacionales del sindicato con el acompañamiento de 12 seccionales: Azul, Bahía Blanca, Buenos Aires, Chascomús, Chivilcoy, Pehuajó, Junín, La Plata, Mar del Plata, Necochea, Pergamino, Tandil y Viedma.

Tras la atención al público disminuida por el feriado nacional y el miércoles de paro, la actividad en la entidad financiera de la Provincia se normalizará el jueves 22 de diciembre. Vale aclarar que el asueto administrativo dictado por Axel Kicillof para el 23 y el 30 de diciembre "no alcanza a las Instituciones Bancarias y Entidades Financieras".

#NoALa15008

✊ Este miércoles 21 paramos en el Banco Provincia.
¡Paramos en defensa de todos los bonaerenses!

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— Asociación Bancaria (@La_Bancaria) December 20, 2022

El conflicto por la reforma de la Ley 15.008 comenzó en julio de 2021, cuando el Ejecutivo presentó formalmente el proyecto. Desde entonces, el bloque de Juntos por el Cambio viene intentando frenar que se trate en el recinto.

Para finalizar, en la anteúltima sesión de la Legislatura Bonaerense se frustró porque el Frente de Todos incluyó la iniciativa en la agenda del día. Por ahora, desde el Gobierno siguen apostando a encontrar los consensos necesarios para que se apruebe y evitar los costos de un fallo judicial adverso.