La Cámara de Diputados bonaerense aprobó la Ley de Precios Justos en Cada Municipio, y el proyecto que actualiza las multas y sanciones para quienes infrinjan el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, ambos impulsados por el Frente de Todos.

Luego de su media sanción en el Senado, el proyecto de Precios Justos y alimentación saludable en los municipios es Ley en la Provincia. La iniciativa presentada por el legislador del FdT, Francisco “Paco” Durañona, busca darle la potestad a los gobiernos locales de controlar el cumplimiento de los acuerdos de precios y de góndolas según la Ley de los derechos de Usuarios y Consumidores.

"Para asegurar esto, es necesaria la concurrencia y el fortalecimiento de los gobiernos locales, que son el ámbito más próximo a la ciudadanía. Las acciones que tomemos en este sentido serán realmente efectivas en la medida que lleguen a los lugares donde la gente vive y así mejoren su calidad de vida", expresó Durañona.

La nueva legislación de Precios Justos está enmarcada en la Ley nacional N° 27.642 de alimentación saludable y modifica la Ley 13.133 con el objetivo de garantizar el acceso pleno de la población a los productos en las góndolas con precios justos.

En este sentido, el senador aclaró: "Conseguimos los acuerdos necesarios para que esta Ley salga y sea una herramienta más que la Provincia y los Municipios tendrán para hacerle frente a la concentración".

El proyecto propone consolidar y fortalecer a las autoridades locales de aplicación y a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs), incorporándolas en cada municipio.

Multas y sanciones

Se aprobó la Ley impulsada por la senadora Gabriela Demaría que busca actualizar las multas para quienes no cumplan con los derechos de las y los consumidores. “El tope pasaría de 500 mil a 272 millones de pesos, con una fórmula móvil de actualización automática, que evitará su depreciación”, explicó.

El artículo 2 de la nueva Ley establece que el Gobierno provincial deberá “formular políticas enérgicas de protección de los consumidores y usuarios, dentro del marco constitucional de competencias, y establecer una infraestructura adecuada que permita aplicarlas”.

"Las medidas de protección al consumidor se deberán aplicar en beneficio de todos los sectores de la población y acentuarse respecto de los consumidores hípervulnerables que pertenezcan a colectivos sociales afectados por causales de vulnerabilidad agravada, desfavorecidos o en desventaja”, indica la normativa.

De esta manera, Demaría sostuvo que “es un deber del Estado auxiliar a los colectivos sociales más desfavorecidos, implementando políticas que atiendan a sus circunstancias y necesidades particulares”.