El diputado nacional por Juntos, Diego Santilli, presentó el proyecto de ley “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”, basado en la noción de justicia restaurativa y el respeto por los derechos humanos de los adolescentes, que contempla bajar la edad de imputabilidad en delitos violentos de 16 a 15 años.

Según las estadísticas oficiales de la Corte Suprema de la Nación, casi el 30% de los delitos contra la propiedad, la integridad sexual y las personas son cometidos por menores de 16 años.

Bajo este panorama, Santilli presentó la inicitiva que ahonda en los métodos de abordaje restaurativo a cargo de equipos interdisciplinarios, donde tiene mayor relevancia el daño sufrido por la víctima y la comunidad que la violación a la ley.

"El presente proyecto se inserta en una idea republicana y democrática del derecho penal, pero que tiene en cuenta las desigualdades existentes entre las personas y, por ende, que la respuesta punitiva por sí misma no es posible sin entender esas desigualdades”, expresó el legislador.

Dicho esto, manifestó: “La idea de justicia restaurativa, entendida como ‘una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de la víctima, del infractor y de la comunidad’, es la que guía el núcleo del sistema penal juvenil propuesto”.

"Siguiendo esta noción, el proyecto instaura un sistema que prioriza la realización de medidas restaurativas, por fuera del sistema judicial penal, estableciendo la excepcionalidad de las penas privativas de la libertad, y solo cuando el resto de las medidas hayan fracasado”, agregó.

En detalle

El proyecto fue acompañado por los diputados Rogelio Frigerio, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Álvaro González y Fernando Iglesias; y busca revertir los efectos del delito en la sociedad. De esta manera, se prevé que los adolescentes se hagan responsables de los actos que realizan y que reparen los daños causados.

En ese sentido, en vez de que el único lugar sea la cárcel, la iniciativa propone que los jóvenes deban realizar las medidas posibles para reparar el daño producido por el delito. Además, las víctimas que sufrieron daños tendrán derecho a participar en todo el proceso, con márgenes amplios de acción y participación, pudiendo proponer modos de reparación.

Santilli plantea que el castigo y la reparación son parte integral de un sistema de responsabilidad penal juvenil y que, por ello, en caso de que las medidas de reparación sean incumplidas por culpa de la persona que delinquió, las autoridades judiciales puedan disponer las penas privativas de libertad.

La propuesta prevé que los juicios contra los adolescentes se realicen en el plazo máximo de dos años y, en caso de que el plazo transcurra sin que el proceso llegue a su finalización, constituirá una falta grave para las autoridades judiciales intervinientes. De esta manera, se evita la posibilidad de que las autoridades judiciales “cajoneen” expedientes.

En caso que la iniciativa sea aprobada, se buscará evitar la saturación del sistema penal mediante la creación de un fuero especializado de justicia penal juvenil, que descomprimirá el trabajo de los tribunales penales y permitirá llegar más rápido a la finalización de los juicios.