Desde el bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio se presentó un proyecto de ley, a partir de las numerosas ocasiones en que los docentes son víctimas de violencia verbal, física y/o material en sus bienes.

En este sentido, el legislador Emiliano Balbín, autor del proyecto explicó: “Sería una ayuda para los docentes ante cualquier tipo de acoso, intimidación o violencia en las aulas, ya sea por situaciones relacionadas con los padres, los alumnos, la administración educativa o los propios compañeros”.

En sintonía, señaló que las consecuencias de las situaciones de acoso y violencia que sufren afectan al propio docente “puesto que un maestro o profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación”.

Dicho esto, Balbín subrayó: “Este mecanismo permite la protección del docente ya sea para la realización de denuncias, como así también para su defensa”, y agregó: “Se trata de medidas que, de acuerdo con las circunstancias a las que hacemos frente, es necesario tomar”.

"Debemos como sociedad defender la cultura de respeto, adaptada al momento actual, aspecto fundamental de la educación en la que todos tenemos una cuota parte de responsabilidad, desde los funcionarios hasta los padres de los alumnos”, sentenció el diputado.

¿De qué trata la propuesta?

La iniciativa prevé que el docente pueda ser asistido y representado gratuitamente, a su solicitud, por un abogado provisto por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE) de la Provincia. Ya sea para la formulación de denuncias penales o correccionales, defensa ante denuncia criminal y/o la constitución como querellante particular. 

También en aquellos supuestos o causas judiciales que se originen en actos de violencia, agresiones verbales, físicas y/o materiales ejecutados por padres, madres, familiares u otros allegados de los menores alumnos, con motivo del ejercicio regular de la función docente.

Además, el proyecto busca que la DGCE adapte sus guías, protocolos y normas, vinculadas con esta materia a las disposiciones de la presente ley, con la debida intervención en lo pertinente, del Ministerio Público, a fin de garantizar la correcta aplicación de lo aquí dispuesto.

Por último, que la aplicación de la presente se realizará en forma coordinada con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.