jueves 28 de marzo de 2024 - Edición Nº1940

Legislativas | 14 jul 2022

Sumó más pruebas

González amplía denuncia por “lavado de activos” en el Astillero Rio Santiago

La causa involucra a exfuncionarios de María Eugenia Vidal por presunta malversación de 95 millones de dólares.


La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, Susana González, amplió su denuncia contra el exinterventor del Astilleros Río Santiago durante el gobierno de María Eugenia Vidal, Daniel Capdevilla, en el marco de una causa por "malversación de fondos y lavado de activos".

La legisladora acompaña su acusación con un pedido de informes realizado en 2018 y un comprobante de transferencia bancaria por "una transacción millonaria realizada por el ex interventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevilla por un monto de unos mil millones sesenta y seis pesos, con sesenta y cinco centavos".

En ese marco señaló que se habría cometido ilícitos en perjuicio de la administración pública por U$S 95 millones, que dejan en "evidencia una trama de encubrimientos y digitación del procurador General de la Corte, Julio Conte Grand junto a integrantes del Ministerio Público y la Procuración General" a funcionarios del Gobierno de Juntos en la Provincia.

En la denuncia original, que tramita el Juzgado Federal 1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla, se encuentran denunciados el extitular del Astillero Río Santiago, Capdevila; el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, los funcionarios de la Procuración Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés y Ricardo René López, excoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago, también integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En los últimos días, González ratificó la denuncia y aportó nueva documentación a la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, contra el interventor de Astillero, por "lavado de activos" y acompañó su testimonio con el pedido de informes presentado en la legislatura bonaerense.

"En conclusión, no se investigó el origen de la malversación por U$S 95 millones que forman parte de la denuncia original, con prueba en las distintas pericias solicitadas" por el mismo agente fiscal, dijo la denunciante, quien reiteró que la cuantía del monto habilita el pedido de investigación sobre éste hecho y que la prueba indicada estaría vinculada a las maniobras delictuales.

En estas circunstancias, "se re direccionó la denuncia y se decidió incriminar a los dirigentes de ATE sin pruebas de respaldo" concluyó.

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