Berra, negó haber espiado civiles y deslindó responsabilidades en Ritondo

El hombre apuntado como el armador del espionaje ilegal durante la era macrista en la provincia de Buenos Aires, el extitular de la Auditoría General de Asuntos Internos, Guillermo Berra, negó haber hecho trabajos de inteligencia sobre unas 1.500 personas. Declaró en carácter de imputado y se deslindó de las acusaciones, pero apuntó a Cristian Ritondo.

La principal prueba contra el exinterventor de Asuntos Internos es la contratación de miles de informes de crédito Nosis y de tareas de seguimiento respecto de personal policial pero también sobre políticos, funcionarios y hasta miembros del Poder Judicial.

Como Asuntos Internos sólo puede investigar a policías, se consideró que esas operaciones, sobre objetivos civiles, constituían espionaje ilegal. Asimismo, el implicado explicó por qué pidió los Nosis amparándose en su labor de auditor general.

El abogado de Berra, Marcelo Peña esgrimió que “todas las investigaciones tenían un vínculo con actividades policiales inmiscuidas en la investigación de un ilícito”. “Jamás hizo investigación judicial o espionaje, siempre siguió vínculos policiales”.

En ese sentido, aseguró que la investigación sobre la fiscal Silvina Langone se debió a su vínculo con Tulio Marcheto, quien a su vez tenía un vínculo laboral con Néstor Martín, que inició con su denuncia la investigación que tiene contra las cuerdas a Berra.

Lo más "jugoso" de la declaracion de Berra fue, que apuntó a Ritondo, por entonces ministro de Seguridad bonaerense. Es porque de los más de 48 mil informes comerciales solicitados, sólo 1.400 se le pudieron atribuir a Berra. ¿Quién encargó los más de 46 mil restantes?.

Cabe destacar que el imputado no nombró a Ritondo, que hoy se desempeña como diputado nacional, pero la referencia es obvia. Lo curioso es que el exministro de Seguridad tiene a su Jefe de Gabinete, Marcelo Rochetti, entre los espiados por Asuntos Internos.

Según la hipótesis acusadora que elevó la fiscal de la causa, Berra y su mujer utilizaban recursos estatales para solicitar informes sobre la situación de particulares civiles, funcionarios del Poder Ejecutivo, exfuncionarios y hasta magistrados de la provincia de Buenos Aires, todo sin órdenes judiciales que los avalen y sin que esas fueran sus funciones dentro de ese área, exclusiva de análisis e investigación de mal desempeño del personal policial.