La Provincia cuestionó los anuncios de Javier Milei sobre Malvinas y lo tildó de “oportunista”

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires cuestionó los anuncios en Cadena Nacional del presidente Javier Milei destinados a frenar las actividades petroleras en las Islas Malvinas.

A través del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, el kicillofismo tildó de tardías y oportunistas las medidas oficiales, al remarcar que el Poder Ejecutivo Nacional “demoró 267 días en reaccionar desde que las operadoras privadas ratificaron sus inversiones en la Cuenca Malvinas Norte”.

Desde la administración provincial argumentaron que el Estado ya contaba con la Ley 26.659 para sancionar e inhabilitar a empresas que realicen prospección o extracción no autorizada en la plataforma continental.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista. Todo ese tiempo transcurrió desde que Navitas y Rockhopper anunciaron, el 10 de diciembre de 2025, su decisión final de invertir en la explotación ilegítima de Sea Lion, en la Cuenca…</p>&mdash; Carli Bianco (@Carli_Bianco) <a href="https://x.com/Carli_Bianco/status/2095668065128075713?ref_src=twsrc%5Etfw">September 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

En ese sentido, remarcaron que el proyecto “Sea Lion”, encabezado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, continuó su cronograma habitual durante meses con la meta de extraer 50.000 barriles diarios para 2028 sin enfrentar acciones de disuasión ni sanciones directas sobre sus actores vinculados.

Cuestionamientos de la gestión provincial y ejes del reclamo

Inacción deliberada y falta de previsión: Bianco sostuvo que la gestión libertaria omitió aplicar de forma oportuna los mecanismos sancionatorios disponibles. Asimismo, cuestionó que no se hayan impulsado medidas contra el entramado de proveedores, aseguradoras y financistas que sostienen la logística del proyecto en el archipiélago.

El Ejecutivo bonaerense remarcó que la defensa de los recursos naturales en el Atlántico Sur exige inteligencia estratégica, anticipación y el uso continuo de la normativa vigente en lugar de respuestas impulsadas por la coyuntura política.