El Poder Ejecutivo nacional resolvió dar un paso atrás en su estrategia parlamentaria y retirar del proyecto de ley el capítulo referido a la Ley de Tierras, ante la certeza de que no contaba con los votos necesarios para aprobar la flexibilización de los límites a la extranjerización en el Senado.
La decisión, adoptada en consenso con los bloques aliados para preservar el resto de la iniciativa sobre seguridad jurídica y propiedad privada, desactivó el principal foco de conflicto con las provincias y la oposición.
A pesar de que el anuncio oficial encabezado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intentó matizar la medida como una postergación estratégica sin renunciar al texto de fondo, la bancada libertaria admitió en los hechos la imposibilidad de reunir el quórum y las mayorías para alterar la legislación vigente.
De este modo, la norma mantendrá en pie el tope legal del 15 por ciento para el dominio extranjero sobre superficies rurales.
El repliegue de la Casa Rosada obedeció al cerrado bloque opositor que conformaron mandatarios provinciales de diversos signos políticos, sumado al posicionamiento del radicalismo y de la propia vicepresidenta Victoria Villarruel.
El frente patagónico y del norte: Los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones) encabezaron la negativa a la reforma.
La postura crítica expresada por los gobernadores aliados Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y el exmandatario Gustavo Valdés (Corrientes) arrastró el voto de senadores radicales clave como Flavio Fama, Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad, dejando al oficialismo sin margen de maniobra.