Julio Alak advirtió que la derogación de la Ley de Tierras es un “atentado contra la soberanía”

El intendente de La Plata y presidente del Partido Justicialista de la capital bonaerense, Julio Alak, encabezó una jornada de debate organizada por el Instituto de Capacitación Política (ICP) para rechazar la propuesta del Poder Ejecutivo nacional que busca modificar la Ley Nacional 26.737 de Protección de Tierras Rurales.

Durante el encuentro, transmitido en directo a todo el país, el jefe comunal calificó la eventual flexibilización del régimen legal como una afrenta directa a los recursos estratégicos del país.

El evento contó con la exposición central de la abogada Florencia Gómez, coautora de la norma aprobada durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y primera titular del Registro Nacional de Tierras Rurales.

Ambos dirigentes recordaron el trabajo conjunto desarrollado en 2013 desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuando se concretó el primer Relevamiento Nacional de Tierras Rurales para fijar los topes de extranjerización previstos por la legislación.

En su alocución, Alak remarcó que la normativa vigente constituye una herramienta de resguardo territorial indispensable para la Argentina.

“La derogación de la Ley 26.736 es un atentado contra la soberanía nacional”, continuó el mandatario, y aseguró que “esta ley es un patrimonio del pueblo argentino para defender su soberanía, que protege la posibilidad de que los argentinos sigan teniendo la mayor cantidad de tierras en el país”.

Sostuvo que “desmantelar los límites vigentes implica dejar desprotegido el suelo productivo y los recursos naturales frente al avance de capitales internacionales”. Asimismo, realizó una llamada a la concientización ciudadana y al acompañamiento de las movilizaciones convocadas de cara a la sesión en la Cámara Alta.

Por su parte, Gómez detalló las implicancias técnicas que acarrearía la eliminación de las restricciones legales fijadas por la norma. La especialista alertó sobre el impacto concreto en la geografía bonaerense, estimando que la desregulación “podría dejar más de siete millones de hectáreas de la provincia en manos de compradores extranjeros, restringiendo el acceso público a fuentes de agua potable, ríos y lagos estratégicos”.