Gremios desafían el esquema de “servicio esencial” y la Nación anuncia inspecciones

El reinicio del ciclo lectivo tras el receso invernal queda atravesado por una jornada de alta conflictividad gremial.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) lleva adelante este lunes un paro nacional docente que impacta de lleno en los establecimientos de educación pública de la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y diversas jurisdicciones del país, además de resentir la actividad en las universidades nacionales. Por su parte, los colegios de gestión privada dictan clases con normalidad.

La medida de fuerza fue convocada en reclamo de la inmediata reapertura de la paritaria nacional docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una recomposición salarial frente a la inflación acumulada.

Adhesión sindical en el territorio bonaerense

Confirmaron su adhesión las conducciones del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Seccional provincia del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

Se sumaron a la medida la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación Docente Ademys (Ademys).

La jornada marca un punto de inflexión por la pretensión oficial de aplicar la Ley 27.802, normativa que declaró a la educación como servicio esencial y exige garantizar un esquema mínimo del 75% de la prestación habitual durante la realización de medidas de fuerza.

Desde el Ministerio de Capital Humano de la Nación informaron que inspectores del área de Trabajo realizarán relevamientos muestrales en escuelas de distintas provincias para fiscalizar la asistencia del personal y verificar que se garantice el dictado de clases presenciales.

“CTERA cuenta con una medida cautelar dictada por la Justicia laboral que suspende la aplicación de los artículos que declaran la esencialidad educativa. La pretensión de enviar inspectores busca amedrentar a los trabajadores y desalentar el derecho de huelga”, sostuvieron desde la conducción sindical.