La provincia de Buenos Aires está al rojo vivo por la pulseada que libran los intendentes y los bloques legislativos para definir cómo se distribuirá el 30% de los fondos que, por Ley de Endeudamiento, aún no tienen un destino fijo.
Con la presión de los próximos aguinaldos y la crítica situación de las tesorerías locales, la necesidad de que estos recursos lleguen a las comunas con libre disponibilidad es cada vez más apremiante.
El origen de esta controversia se remonta a la Ley de Endeudamiento, que estableció que el 70% del dinero coparticipable recibido por los municipios sería de libre disponibilidad.
Sin embargo, el 30% restante quedó atado a la discrecionalidad de una Comisión Bicameral creada para tal fin. En un gesto posterior, el Ejecutivo provincial aceptó destinar el 8% de la toma de deuda para las comunas, garantizando un piso de 250.000 millones de pesos.
Frente a este panorama, un heterogéneo grupo de intendentes del peronismo, el radicalismo y el PRO, nucleados en el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDE), alzó la voz. Su reclamo es claro: exigen el 100% de libre disponibilidad para la totalidad de los fondos coparticipables, llevando la discusión directamente al recinto legislativo, donde Juan Pablo De Jesús encabeza esta ofensiva.
Para poner en perspectiva, los 250.000 millones de pesos garantizados como piso para las comunas equivalen, por ejemplo, al salario mensual de medio millón de trabajadores.
Y la porción en disputa, esos 75.000 millones de pesos, representan el valor de más de cien escuelas primarias o el sueldo de 150.000 empleados por un mes, una cifra que ilustra la magnitud de lo que se juega en esta puja política.