El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, trazó un diagnóstico descarnado sobre la asfixia financiera que atraviesan los municipios del interior bonaerense.

Tras una reunión clave del Foro de Intendentes Radicales con el Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, Flexas advirtió que la caída del consumo y el congelamiento de la coparticipación están poniendo en jaque el pago de salarios y la prestación de servicios básicos.

Para el jefe comunal, la crisis macroeconómica se traduce en una parálisis visible en la vida cotidiana de los distritos. “Cuando los chicos salen de la escuela a las seis de la tarde, ya no hay más movimiento”, graficó Flexas. La baja en las ventas y el freno total de la construcción privada han diezmado los ingresos locales.

El intendente denunció una realidad matemática insostenible: “lo que nos llega de coparticipación es el mismo monto que en julio del año pasado”. Con una inflación acumulada que pulverizó el poder de compra en esos meses, los recursos resultan insuficientes.

Los intendentes lograron el visto bueno de Bianco para que el Fondo de Fortalecimiento sea de libre disponibilidad, una medida de emergencia para poder garantizar el pago de sueldos en los próximos meses.

La interna radical: entre la “invisibilidad” y la unidad

De cara a las elecciones del Comité Provincia del 7 de junio, Flexas se mostró escéptico pero esperanzado sobre la posibilidad de una lista de unidad, en medio de la disputa entre los sectores de Maximiliano Abad y el tándem Posse-Salvador.

Flexas se alineó con el espacio que busca un radicalismo con identidad propia: “queremos presentar una propuesta de gobierno bonaerense y no ir como furgón de cola de otros”.

El intendente lanzó una dura autocrítica sobre el presente del partido. “Hoy somos invisibles, las nuevas generaciones ni saben que existimos” y pidió humildad a la dirigencia para salir de los “deseos personales” y proyectar colectivamente.

Con el 7 de mayo como fecha límite para la presentación de listas, Flexas advirtió que, aunque se logre un acuerdo provincial, habrá fuertes disputas internas en muchos de los 135 comités distritales.

Una denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuan ha desatado un terremoto político en la provincia de Buenos Aires. La jueza María Servini quedó a cargo de una investigación que busca desarticular un presunto entramado de corrupción, asociación ilícita y lavado de dinero vinculado a la instalación de radares y fotomultas.

La acusación alcanza al actual ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, a empresarios del sector y a directivos de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

El triángulo de las Multas: Municipios, Universidades y Empresas

Según el dictamen de Marijuan, el esquema permitía eludir las licitaciones públicas obligatorias mediante un mecanismo de triangulación. Los municipios firmaban convenios de “asistencia técnica” con universidades nacionales (como la UNSAM).

Las universidades, al no tener la tecnología propia, subcontrataban de forma directa a empresas privadas como Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., propiedad del empresario Leandro Camani.

El esquema permitía que hasta el 70% de lo recaudado por infracciones quedara en manos de los privados y los intermediarios académicos, dejando apenas una fracción menor para las arcas municipales. Solo en un municipio, la cifra bajo sospecha supera los $3.700 millones en un año.

Los nombres clave en la mira de la Justicia

La denuncia identifica actores en todos los niveles del Estado y el sector privado. Por un lado, el empresario Leandro Camani es señalado como el cerebro detrás de las firmas proveedoras. Ya arrastra un historial de conflictos, incluyendo una denuncia por extorsión del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, vinculada a cámaras en el Camino del Buen Ayre.

El ministro de Transporte provincial quedó alcanzado por la investigación sobre las autorizaciones para instalar los radares. Cabe destacar que Marinucci sucedió en el cargo a Jorge D'Onofrio, quien también es investigado en otra causa por lavado tras la compra de un Audi Q8.

El Secretario de Extensión de la UNSAM, Diego Kampel, es señalado como el nexo institucional que facilitaba las contrataciones directas para eludir los controles de transparencia.

Facturación apócrifa y los municipios involucrados

La fiscalía sospecha que el dinero excedente se blanqueaba mediante una red de empresas fantasma que compartían domicilios, abogados y apoderados. Estas estructuras habrían generado el efectivo necesario para el pago de coimas a los funcionarios encargados de aprobar los sistemas de control vial en rutas nacionales y provinciales.

La lista de distritos que habrían participado de estos convenios incluye a La Matanza, Mar del Plata, San Isidro, San Martín, Hurlingham, Morón y Zárate.

La causa de Servini no es la única. El fiscal Álvaro Garganta en la provincia y los jueces Culotta y Vence en el fuero federal también tienen expedientes abiertos contra Camani y diversos funcionarios.

Con el foco puesto en las elecciones 2027, legisladores de La Libertad Avanza bonaerense, se reunieron con la Directora Nacional Electoral, María Luz Landívar, para ampliar sus conocimientos sobre la Boleta Única Papel (BUP), en busca de su implementación en la Provincia.

Desde el bloque que preside, Carlos Curestis, en el Senado, y Juan Osaba, en Diputados, argumentan que el resultado de las últimas elecciones nacionales dejó en claro la aceptación social del sistema.

"En octubre tuvimos un resultado muy positivo, un 95% de las personas se han vuelto muy contentas por la rapidez y transparencia", aseguró Curestis, e insistió en que los bonaerenses necesitan este avance por eficiencia y costos.

Aunque evitaron dar una cifra exacta de ahorro, los legisladores destacaron el éxito del modelo en otras nueve provincias. Osaba subrayó que en PBA es "determinante en este avance" que ya lleva años en el interior del país.

Presión en la Legislatura bonaerense

En esa línea, le dejaron un mensaje a sus pares de otras bancadas: “Tienen que ser conscientes de que esto no es por una cuestión económica, sino de modernizarse, y darle a los bonaerenses, como ellos dicen, esa oportunidad de votar correctamente”.

Recordemos que cualquier modificación del sistema de votación para gobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares deberá pasar por la Legislatura bonaerense, donde LLA es segunda minoría en Diputados y primera minoría en el Senado, mientras que el peronismo conserva el quórum propio en la Cámara alta.

Respecto a la resistencia del oficialismo, Curestis dijo: “Tendrían que aceptar y acompañar porque los bonaerenses ya lo vivieron hace muy poco”. Y advirtió que, si bien están en minoría, el apoyo popular será clave en las comisiones.

La estrategia libertaria busca forzar la mano de Axel Kicillof ante la posibilidad de un desdoblamiento electoral. Mientras el Ejecutivo defiende el sistema actual, los violentas apuestan a la "transparencia y agilidad" como sus principales banderas de batalla.

El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, recibió en su despacho al nuevo jefe de la Comisaría local, el subcomisario Juan Pablo Martínez, en el marco de la reorganización de las autoridades policiales en el distrito.

Del encuentro también participó el comisario José Esposito, quien acompañó la presentación del nuevo titular de la dependencia.

Durante la reunión se analizaron distintas líneas de trabajo conjunto entre el Municipio y las fuerzas de seguridad, con el foco puesto en fortalecer la prevención del delito y mejorar la capacidad de respuesta ante las demandas de la comunidad.

El encuentro se enmarca en la continuidad de las políticas de articulación institucional que lleva adelante la gestión local, orientadas a reforzar la seguridad y la presencia del Estado en el territorio.

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó un acto de reconocimiento a integrantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y otras instituciones que participaron del desarrollo del satélite argentino Atenea, incluido en la misión Artemis II de la NASA.

El proyecto fue seleccionado entre propuestas de más de 50 países y logró integrarse a una misión internacional en la que solo participaron Alemania, Arabia Saudita, Corea del Sur y Argentina. En ese marco, Atenea se convirtió en el único satélite latinoamericano en la misión.

Durante el acto, el jefe comunal destacó el valor del proyecto y su impacto en la ciencia nacional. “Este es un hecho que trasciende la ingeniería espacial y es un hecho patriótico”, afirmó, al tiempo que subrayó el rol de la universidad pública y el CONICET en el desarrollo científico del país.

El decano de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, Marcos Actis, también remarcó el carácter estatal del proyecto y su continuidad en el tiempo: “Este no es un logro de un gobierno, es política de Estado”, señaló.

El trabajo fue desarrollado por equipos del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA), el grupo SENyT de la UNLP y el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), con supervisión de la CONAE y colaboración de distintas instituciones científicas.

Profesionales de la universidad participaron en el diseño de sistemas clave del satélite, como la estructura, el control térmico, la computadora de a bordo, las comunicaciones y el software, entre otros desarrollos que permitieron su funcionamiento en el espacio.

En el marco del reconocimiento, el Municipio declaró de Interés Municipal la labor de las instituciones involucradas y entregó diplomas y placas a los equipos participantes, en un acto que contó con autoridades municipales, académicas y científicas.

El acto contó con la presencia de autoridades municipales, académicas y científicas, entre ellas representantes del Concejo Deliberante, la UNLP, el CTA, el IAR y el SENyT, además de los equipos técnicos que participaron del desarrollo del satélite.

La crisis prestacional de la mayor obra social de la provincia ha vuelto a unir a la oposición en un reclamo histórico. El bloque de UCR + Cambio Federal, liderado por Diego Garciarena, reingresó en la Legislatura bonaerense el proyecto de ley que busca garantizar la **autarquía financiera y administrativa de IOMA.

El objetivo es claro: que el organismo maneje sus propios fondos sin que estos deban pasar previamente por el filtro de la Tesorería General de la Provincia.

El nudo de la reforma apunta a modificar el artículo 12 de la Ley N° 6.982. La iniciativa establece un mecanismo de transferencia directa y automática que cambiaría la dinámica financiera del instituto.

El Gobierno provincial estaría obligado a transferir la totalidad de los aportes (afiliados y contribuciones patronales) antes del día 15 de cada mes.

 Al no depender de las órdenes de pago del Poder Ejecutivo, IOMA podría disponer de sus recursos para agilizar el pago a prestadores, clínicas y farmacias, evitando los cortes de servicio por falta de pago que hoy afectan a los 135 municipios.

El proyecto especifica que los fondos incluyen no solo los aportes corrientes, sino también los superávit de ejercicios anteriores y las rentas por inversiones, impidiendo que la Provincia los utilice para cubrir baches en otras áreas del presupuesto.

Un gigante en crisis: 2,1 millones de afiliados en vilo

En los fundamentos de la medida, Garciarena y su bloque remarcaron que la situación de IOMA es crítica. Siendo la segunda obra social más grande del país detrás del PAMI, el retraso en los pagos ha generado un efecto dominó.

Clínicas de alta complejidad en ciudades como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca han suspendido la atención a afiliados por deudas acumuladas.

La falta de liquidez ha demorado la compra de insumos oncológicos y para patologías crónicas, generando una "ola de amparos judiciales" contra la provincia.

“La autarquía le daría mayor capacidad de planificación y acción independiente”, sostienen desde la bancada radical, argumentando que el actual esquema administrativo asfixia la gestión de la mutual.

La crisis del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no da tregua. Tras el fracaso del cónclave de ayer entre las cámaras empresarias y la Secretaría de Transporte de la Nación, las concesionarias confirmaron que los colectivos continuarán circulando con frecuencias reducidas (con recortes de hasta el 30% en algunas líneas), mientras la expectativa se traslada ahora al despacho del ministro provincial, Martín Marinucci.

Aunque el Estado nacional no transfirió los subsidios adeudados lo que mantiene el servicio “a media máquina”, hubo un principio de alivio financiero proveniente de la calle 6 en La Plata.

La administración de Axel Kicillof destrabó las compensaciones tarifarias de abril. Según las cámaras (CEAP, CTPBA, AAETA), este flujo de fondos permitirá cancelar los salarios adeudados a los choferes, desactivando temporalmente la amenaza de un paro total de la UTA.

El detonante de la crisis actual es el precio del combustible. Las empresas denuncian que compran el litro entre $2.100 y $2.444, mientras que la estructura de costos que reconoce Nación quedó "congelada" en valores de enero.

Pese a la falta de fondos, la CNRT inició el labrado de actas de infracción a las líneas que no cumplen con los niveles de servicio mínimos.

La maquinaria electoral de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires ya tiene fecha y lugar para su gran demostración de fuerza: el 25 de abril en el distrito de Suipacha.

El evento marcará la apertura del año lectivo de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), pero su trasfondo es netamente estratégico: consolidar el armado propio en el corazón del territorio bonaerense de cara a las elecciones de 2027.

La organización corre por cuenta de Sebastián Pareja, presidente del partido a nivel provincial y principal armador de los hermanos Milei en el distrito más populoso del país.

El encuentro en Suipacha no será solo académico. Se espera la presencia de más de mil referentes, en lo que será una verdadera cumbre de alineamiento partidario.

Junto a Pareja, los discursos centrales estarán a cargo de Miriam Niveyro (coordinadora de la EFDAP) y el senador provincial Luciano Olivera. Participarán legisladores provinciales como Geraldine Calvella, coordinadores seccionales como Pablo Disalvo y concejales de peso en la Primera Sección Electoral como César Pacho y José Guarch.

“Limpiar” las estructuras y asegurar que cada concejero escolar y edil responda directamente a la conducción nacional, evitando las fugas que se vieron tras el acuerdo parlamentario con el PRO en 2025.

El factor Karina y la sombra de Adorni

La presencia de Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia) es la gran expectativa de la jornada. El Jefe ha tomado la provincia de Buenos Aires como un proyecto personal, buscando revertir la victoria peronista del año pasado.

Tras inaugurar la sede en CABA en febrero, el acto en Suipacha representa el primer gran paso de la EFDAP hacia el interior bonaerense, buscando cuadros técnicos para un “futuro gobierno liberal-libertario”.

Aunque no está confirmado, en los pasillos de Balcarce 50 se rumorea que el propio Javier Milei podría aterrizar en Suipacha para cerrar el acto con un discurso de fuerte contenido político.

El evento servirá también para amalgamar la tropa tras una semana de ruidos por la investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni, quien recibió el respaldo explícito de la cúpula libertaria en una reciente foto de gabinete.

El sistema financiero argentino acaba de encender una de sus señales de alerta más graves. Según un informe de la consultora 1816, basado en datos del Banco Central (BCRA), la morosidad de las familias subió por decimosexto mes consecutivo, alcanzando el 11,2% en febrero.

Se trata de un récord negativo que no se registraba desde el año 2004, reflejando un proceso de deterioro patrimonial que ya se multiplicó por cuatro en el último año y medio.

El aumento de la irregularidad en los pagos expone la fractura de la matriz económica actual, donde los sectores extractivos crecen mientras el mercado interno se desmorona.

Mientras la mora empresarial se mantiene estable en torno al 2,9%, la de los individuos saltó del 2,5% (octubre 2024) al 11,2% actual. Esto indica que el ajuste está recayendo de manera desproporcionada sobre el consumo y el bolsillo familiar.

Los salarios privados registrados cayeron en enero por quinto mes consecutivo, marcando su punto más bajo en 18 meses. Con ingresos que no alcanzan a cubrir la canasta básica, el endeudamiento con tarjetas y préstamos personales se ha vuelto una estrategia de supervivencia que hoy colapsa.

La desocupación escaló al 7,5% al cierre de 2025, el nivel más alto desde la pandemia, empujando a miles de bonaerenses fuera del sistema de pagos regular.

En un clima de creciente tensión social y económica, la CGT oficializó su hoja de ruta para el cierre de abril. Tras una reunión en la histórica sede de la calle Azopardo, el Consejo Directivo de la central obrera confirmó una movilización masiva a Plaza de Mayo para el próximo miércoles 30 de abril.

La medida busca canalizar el malestar por la pérdida del poder adquisitivo y el "techo" a las paritarias impuesto por el gobierno de Javier Milei.

Jorge Sola, triunviro de la CGT y secretario del Sindicato del Seguro, fue el encargado de ponerle voz a los motivos del reclamo. Además, denunció que la Casa Rosada está bloqueando la homologación de acuerdos salariales que superen la inflación proyectada, lo que profundiza el retraso de los ingresos. “El Gobierno puso un techo por debajo de la inflación promedio”, sentenció.

La central advirtió sobre un fenómeno alarmante en el conurbano y los grandes centros urbanos: familias que deben endeudarse para cubrir gastos corrientes de alimentación y servicios básicos.

A diferencia de la jornada del pasado 10 de abril, esta movilización se realizará “sin cese de actividades, apostando a una demostración de "músculo político" en las calles en la víspera del Día del Trabajador.

Los alineamientos políticos

A la convocatoria se sumarán la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), liderada por Alejandro Gramajo, y diversos sectores piqueteros que vienen denunciando el recorte de 900.000 salarios sociales.

Por otro lado, el Movimiento Derecho al Futuro, que lidera Axel Kicillof, ya evalúa su participación orgánica en la marcha. El gobernador ve en esta movilización el cierre de un mes de "resistencia federal" que inició con su reclamo ante la Corte por los $23 billones adeudados.

Se espera la participación de sectores de la Pastoral Social que han manifestado su preocupación por el avance de la pobreza, que según datos privados ya roza el 55%.

En un acto de alto voltaje político y académico, el gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves el lanzamiento del brazo universitario de su espacio político: el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Universidad y Ciencia.

Desde el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, el mandatario bonaerense denunció un “plan de destrucción masiva” contra el sistema científico y advirtió que la continuidad del modelo de Javier Milei conduce a la Argentina hacia un estado de “disolución”.

Ante un auditorio colmado de científicos, docentes y estudiantes, Kicillof calificó la situación actual como un ataque sin precedentes que trasciende lo presupuestario para convertirse en un embate cultural e identitario.

El gobernador enfatizó que investigadores y docentes hoy perciben sueldos que han caído por debajo de cualquier promedio histórico, situándose en los niveles más bajos de los últimos 23 años.

Además, denunció que las transferencias nacionales a las universidades se derrumbaron (con una caída real estimada del 45,6% entre 2023 y 2026) y que la infraestructura educativa en los campus está totalmente frenada.

Mientras el mundo protege su industria y conocimiento, Milei “entrega los recursos y desprotege la mano de obra local aplicando recetas perimidas del Consenso de Washington”, señaló el mandatario.

El MDF como “herramienta de construcción”

Kicillof presentó al MDF Universidad y Ciencia no solo como un espacio de resistencia, sino como una plataforma para diseñar el futuro desarrollo autónomo del país.

“Argentina no puede caer en el falso dilema de campo o industria; necesitamos tecnología y conocimiento para dar valor a nuestras materias primas”, afirmó, vinculando directamente el desfinanciamiento científico con la destrucción del entramado productivo nacional.

En un tramo clave de su discurso, el gobernador pidió “no perder el tiempo en discusiones internas” y trabajar en la construcción de una alternativa sólida para 2027.

El radicalismo bonaerense dio una fuerte muestra de musculatura política en la capital provincial. El senador nacional Maximiliano Abad encabezó un acto que reunió a más de 600 dirigentes, incluyendo intendentes, legisladores y referentes de los 135 distritos.

Bajo la consigna de recuperar la identidad partidaria y territorial, Abad estuvo flanqueado por sus socios estratégicos, Gustavo Posse y Daniel Salvador, ratificando la alianza que busca conducir los destinos de la UCR tras las elecciones internas del próximo 7 de junio.

El discurso de Abad estuvo centrado en la autonomía del partido y en la necesidad de ofrecer una alternativa de gestión frente al modelo de Axel Kicillof y la propuesta libertaria nacional.

Abad fue tajante: “Vamos a trabajar para tener candidatos propios en los 135 municipios y un candidato propio a la gobernación”. La intención es que la UCR deje de ser el furgón de cola de coaliciones externas y recupere su vocación de poder.

El senador llamó a dejar atrás la lógica de “emergencia permanente” de la provincia para transformarla en una plataforma “productiva, tecnológica y educativa”. Puso el foco en los problemas que “sufre la gente en el territorio”, el avance del narcotráfico, la crisis de salud y la caída del nivel educativo.

El respaldo de los pesos pesados

La presencia de Gustavo Posse y Daniel Salvador no es solo simbólica; representa el respaldo del "aparato" territorial y la experiencia de gestión que el espacio quiere proyectar.

El exintendente de San Isidro llamó a la organización frente a la crisis actual. “Se requiere más que nunca la presencia del radicalismo y una alternativa lejos de los extremos”, sentenció, marcando distancia tanto de la Casa Rosada como de la Gobernación.

Por su parte, el exvicegobernador destacó la importancia del respeto por las instituciones y celebró el adelantamiento de las elecciones al 7 de junio como un paso “extraordinariamente acertado” para normalizar el partido.

El acto en La Plata funciona como la respuesta política al reciente fallo del juez Alejo Ramos Padilla, quien rechazó la cautelar presentada por el sector de Miguel Fernández, quien buscaba postergar las elecciones hasta septiembre.

Para Abad y sus aliados, la movilización de más de 600 dirigentes en La Plata es la prueba de que el partido "está de pie" y listo para las urnas.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) celebró una serie de resoluciones judiciales que anularon el cobro de tasas en varios distritos. Para la entidad, estos fallos consolidan la idea de que la tasa exige una contraprestación "concreta, medible y verificable".

En distritos como Azul, la Justicia no solo cuestionó el servicio, sino que invalidó el tributo por falta de mayoría legal en su aprobación. Este escenario enciende alarmas en las tesorerías municipales, que ven amenazada una de sus principales fuentes de financiamiento.

Desde CARBAP advirtieron que la falta de mantenimiento de la red vial rural es un reclamo recurrente, especialmente en la Cuarta Sección. Aseguraron que los productores siguen abonando sin recibir "un servicio acorde" a cambio.

"La judicialización de estos conflictos es consecuencia de la falta de respuestas concretas", agregaron, al tiempo que remarcaron que el deterioro de los caminos rurales impacta no solo en la producción, sino también en el acceso a la salud y educación.

El antecedente de Carlos Casares, donde también se declaró la ilegitimidad del cobro ante la falta de prestación efectiva, refuerza la señal institucional. Los intendentes ahora deberán demostrar transparencia y legalidad en el uso de los recursos públicos.

Finalmente, instaron a las comunas a revisar sus esquemas de financiamiento para garantizar una correspondencia real entre lo cobrado y lo prestado.

La mesa de conducción del Foro de Intendentes de la UCR, encabezada por Maximiliano Suescun, se reunió con el ministro de Gobierno provincial Carlos Bianco para trasladar la angustia financiera de los distritos. La caída en la cobrabilidad de tasas y la coparticipación tienen en vilo a las tesorerías locales.

El planteo central apunta a la Bicameral y a la Ley de Endeudamiento. Los jefes comunales pretenden que los fondos destinados a obras municipales sean de "libre disponibilidad", permitiendo usar ese oxígeno económico para cubrir el funcionamiento básico de los municipios.

“La primera de las cinco cuotas de ese fondo, que vamos a cobrar el 30 de abril, será utilizada por muchos de nosotros para pagar aguinaldos”, adelantó un intendente boina blanca. El temor es llegar a mitad de año con las cuentas totalmente en rojo.

Foco en la Legislatura

Además de Bianco, la delegación, integrada por Martín Randazzo, Sofía Gambier y Franco Flexas, tiene en la mira a los legisladores. Buscan convencer a diputados y senadores de modificar el destino de los recursos que hoy están atados estrictamente a infraestructura.

El reclamo también incluyó las deudas de IOMA y los fondos de Seguridad, dos frentes que los alcaldes consideran críticos. Para los radicales, la situación ya no permite esperar los tiempos burocráticos de la Provincia ni de la flamante comisión Bicameral.

De esta manera, la UCR intenta ganar margen de maniobra frente a un escenario de parálisis económica. La respuesta del Ejecutivo y la Legislatura definirá si los municipios del interior logran surfear la crisis o enfrentan conflictos gremiales por falta de fondos.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni ingresó en una fase crítica. El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un requerimiento formal ante el juez para levantar el secreto fiscal y bancario del Jefe de Gabinete y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. 

La medida busca realizar una “radiografía integral” de los movimientos financieros del matrimonio para contrastar su nivel de vida con las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.

Los puntos clave de la ofensiva judicial

El pedido del fiscal no se limita a las cuentas tradicionales, sino que busca trazabilidad en el nuevo ecosistema financiero. Se solicitó a la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ex AFIP) un informe detallado sobre plazos fijos, créditos, consumos con tarjetas y transferencias al exterior.

Por primera vez en la causa, la lupa se posa sobre las aplicaciones de pago y billeteras digitales, sospechadas de ser canales para movimientos de dinero no bancarizado.

Pollicita pidió los registros migratorios y de vuelos privados realizados por el funcionario y su familia, incluyendo sus recientes visitas a Nueva York y Punta del Este.

El núcleo del expediente sigue siendo la compra del departamento en la calle Miró al 500, Caballito, por 230.000 dólares. Lo que para la fiscalía “desafía la lógica del mercado” son los términos de la operación. Adorni habría recibido un préstamo de 200.000 dólares de las propias vendedoras (Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64).

La hipoteca no contempla intereses y tiene un plazo de devolución de un año. Tras declarar ayer en Comodoro Py, la escribana Adriana Mónica Nechevenko reveló un dato que la fiscalía considera "la punta del ovillo": el hijo de una de las vendedoras es amigo íntimo de Adorni. Además, se supo que las vendedoras habían comprado la propiedad apenas seis meses antes de cedérsela al funcionario.

El próximo martes 14 de abril, el Ministerio de Economía de la Nación será el escenario de un nuevo capítulo de la tensión entre las provincias y la Casa Rosada. El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, encabezará una delegación de intendentes para exigirle a Luis Caputo el congelamiento del precio de los combustibles y la reactivación inmediata de la obra pública financiada con impuestos específicos que hoy el Gobierno nacional retiene.

La movida de Katopodis busca exponer lo que denomina una “estafa vial”: el aumento constante de la nafta mientras los fondos destinados a rutas desaparecen del presupuesto operativo.

Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el combustible trepó un 20%, superando en muchos casos los $2.000 por litro.

Katopodis denunció que el Impuesto a los Combustibles pasó de representar el 10% del precio final en 2022 al 22% en marzo de 2026. “Cada vez que cargás nafta, un tercio va al Estado nacional. Se quedan con la plata y no hicieron ni un kilómetro nuevo”, disparó el ministro.

La suba ya provocó una reducción de frecuencias en los colectivos del AMBA, afectando la movilidad de trabajadores y estudiantes.

El reclamo técnico que llevarán al Palacio de Hacienda se centra en la reactivación de casi 1.000 obras que la Nación abandonó en territorio bonaerense desde diciembre de 2023.

Impacto en territorio bonaerense 

La Ruta Nacional 5 es el caso más emblemático. Esta semana se confirmaron despidos masivos en el obrador de la autovía entre Suipacha y Mercedes, una obra con el 40% de avance que quedó totalmente paralizada.

La parálisis no es solo económica; Katopodis advierte que las rutas abandonadas son “trampas mortales” ante la falta de mantenimiento y señalización.

La Federación Argentina de Municipios, liderada por Fernando Espinoza, se sumará a la movida para visibilizar que la falta de obra pública está destruyendo el empleo local en los distritos.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, volvió a marcar posición dentro del peronismo y eligió hacerlo con un destinatario claro: Axel Kicillof. En medio de la discusión por la modificación de la Ley de Glaciares, el mandatario dejó al descubierto la tensión dentro del Partido Justicialista.

“El peronismo tiene que salir de la agenda del conurbano y tener una agenda más federal”, planteó Jalil, en una definición que excede lo ambiental y se mete de lleno en la discusión por el rumbo del espacio, y sostuvo que “no hay impacto más negativo para el medioambiente que la pobreza”.

Pero el punto más alto de la tensión llegó cuando apuntó directamente contra el gobernador bonaerense. “Personalmente, le agradezco a los que votaron la ley de glaciares. Que Axel Kicillof se dedique a ver qué hacer con el Riachuelo. Nosotros nos vamos a dedicar a lo nuestro”, lanzó.

No se trató solo de una chicana: Jalil buscó correr a Kicillof del debate federal y encasillarlo en los problemas estructurales del conurbano.

Peronismo dialoguista

El respaldo explícito a la ley también funcionó como un gesto hacia la Casa Rosada. Jalil viene sosteniendo una relación de cooperación con el Gobierno Nacional y volvió a ratificar ese perfil al calificar la medida como “un avance del federalismo”.

En ese esquema, el gobernador catamarqueño se ubica dentro de un grupo de mandatarios peronistas que, sin romper formalmente con el espacio, ensayan una convivencia pragmática con Javier Milei.

Al mismo tiempo, el propio Jalil dejó entrever las dificultades internas del peronismo para construir una posición común. “Me hubiera gustado que el peronismo cambie la agenda y apoye este proceso”, admitió, y reforzó la idea de aislamiento al remarcar que no todas las provincias acompañaron la iniciativa.

Entre proyecciones y rumbos

La insistencia en salir de la “agenda del conurbano” no es nueva, pero en este contexto adquiere otro peso. Jalil no solo cuestiona prioridades, sino que también pone en discusión el liderazgo de quienes hoy buscan proyectarse a nivel nacional desde la provincia de Buenos Aires.

En ese movimiento, incluso trazó una línea incómoda al sugerir que los recursos hídricos podrían ser definidos entre Kicillof y Jorge Macri, ubicándolo en un mismo plano con el jefe de Gobierno porteño.

Detrás del cruce aparece algo más profundo que una diferencia sobre política ambiental. Lo que se está discutiendo es el equilibrio de poder dentro del peronismo en un escenario de reconfiguración. Con gobernadores que empiezan a jugar con mayor autonomía y un liderazgo todavía en disputa, cada declaración suma en la construcción de posicionamientos de cara al futuro.

En ese tablero, Jalil decidió avanzar. Y al hacerlo, no solo cuestionó a Kicillof: también dejó en evidencia que el peronismo atraviesa una etapa donde las tensiones ya no se administran en privado, sino que se expresan abiertamente.

El armado político del peronismo bonaerense dio un giro decisivo esta mañana. En un acto cargado de simbolismo y mística militante, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, postuló formalmente al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, como el candidato natural para suceder a Axel Kicillof en la Gobernación.

La movida confirma que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) ya no solo piensa en la resistencia al ajuste nacional, sino en la consolidación de un esquema de poder que trascienda el actual mandato de Kicillof, quien ya está lanzado a la carrera presidencial para 2027.

“Axel a la Rosada, Jorge a la Provincia”

Durante la inauguración de dos nuevas sedes del Programa Envión y la sede de la Liga Deportiva Municipal, Larroque no dejó lugar a dudas sobre la hoja de ruta del kicillofismo.

“Tenemos que poner en la Rosada a un hombre que tenga la sensibilidad necesaria para devolverle la alegría al pueblo. Para nosotros ese hombre es Axel”, sentenció el ministro ante una multitud de representantes de clubes de barrio.

Larroque definió la gestión de Ferraresi en Avellaneda como “épica” y lo señaló como el continuador ideal de la gestión provincial. “Si hay uno que lo merece, es Jorge”, subrayó, destacando la capacidad de gestión del intendente en un contexto de “asfixia financiera” nacional.

Axel Kicillof empieza a mover el Partido Justicialista bonaerense, el flamante presidente del PJ convocará al Consejo provincial para una reunión hacia fines de abril, después del 20, con una meta concreta: poner en funcionamiento el partido y ordenar la conducción interna.

El encuentro marcará el puntapié inicial de su gestión partidaria. Sobre la mesa estará la definición de cargos en las secretarías, una discusión que, en clave política, implica repartir poder y fijar lealtades.

El Consejo del PJ bonaerense está integrado por 32 miembros titulares y 16 suplentes, mientras que el Congreso partidario —presidido por Máximo Kirchner— tiene una mesa de 22 integrantes.

No es un dato menor: cada lugar que se defina en la estructura partidaria será una señal de cómo Kicillof busca equilibrar fuerzas dentro del peronismo.
Es preciso mencionar que la última reunión del Consejo fue en diciembre, cuando se acordó el llamado a elecciones internas. Desde entonces, el tablero cambió.

Interna, intendentes y músculo territorial

En medio de tensiones latentes, Kicillof buscará ampliar la convocatoria: además de los consejeros, quiere sentar a los 135 presidentes de los PJ locales, hí aparece otra clave. De esos distritos, 16 renovaron autoridades en internas recientes, con resultados que fortalecieron al gobernador en el territorio.

La movida apunta a algo más que una foto: mostrar volumen político y empezar a ordenar la tropa en la provincia. El encuentro llega en un contexto complejo.

La gestión bonaerense está golpeada por el ajuste del gobierno de Javier Milei, con caída de la coparticipación y de la recaudación. En ese escenario, Kicillof necesita jugar en dos tableros a la vez: ordenar el partido y sostener la gestión, pero hay un tercer plano en marcha.

La activación del PJ bonaerense es el primer paso de algo más grande, con un peronismo en proceso de reconfiguración, Kicillof empieza a construir volumen propio más allá de la Provincia.

Un PJ ordenado, activo y bajo su conducción no solo le da control interno, le permite proyectarse como uno de los actores centrales en la discusión nacional. La reunión de abril, en ese sentido, no es administrativa, es política.

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados dejó un sabor agridulce para la Casa Rosada. Aunque el bloque de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados estratégicos del PRO y la UCR lograron blindar a Manuel Adorni de una interpelación inmediata, el resultado de la votación encendió todas las alarmas en el despacho presidencial.

Con 124 votos a favor del pedido de la diputada Paula Penacca contra 118 en contra, la oposición quedó a solo dos voluntades de alcanzar la mayoría absoluta necesaria para activar una moción de censura.

El oficialismo apeló al reglamento para salvar al Jefe de Gabinete: al tratarse de un apartamiento sobre tablas, la iniciativa requería el apoyo de las tres cuartas partes de los presentes.

Sin embargo, el "testeo" de Germán Martínez (UP) reveló un escenario de extrema fragilidad para el funcionario. El blindaje tuvo ausencias clave que no pasaron desapercibidas. El larretista Álvaro González y los desarrollistas Eduardo Falcone y Oscar Zago pegaron el faltazo. Zago, en particular, viene exigiendo la renuncia de Adorni sin matices.

Sorprendió el voto de los catamarqueños de Raúl Jalil y los diputados de Innovación Federal (que responden a Sáenz y Rovira), quienes se sumaron al bloque peronista para exigir explicaciones al funcionario.

El radicalismo se partió nuevamente; mientras seis aliados al gobierno ayudaron a trabar el proyecto, el sector alineado con Martín Lousteau y Pablo Juliano votó a favor de la interpelación.

El Escándalo Patrimonial: ¿Quién le presta plata a Adorni?

La diputada Penacca fundamentó el pedido en las crecientes “inconsistencias patrimoniales” del funcionario, que hoy están bajo la lupa del fiscal Gerardo Pollicita por presunta malversación y enriquecimiento ilícito.

La justicia investiga el origen de 100.000 dólares que dos mujeres jubiladas le habrían prestado para la compra de su casa en el Indio Cuá Country Club. Este modus operandi se repite: otras dos jubiladas le habrían facilitado 200.000 dólares para un departamento en Caballito.

También se cuestionó el uso de fondos públicos para trasladar a su esposa, Bettina Angeletti, en comitivas oficiales (como el reciente viaje a la Argentina Week en EE.UU.).