El conductor, conferencista y referente evangélico Dante Gebel confirmó su retorno al Estadio José Amalfitani (Vélez Sarsfield) para el próximo viernes 18 de diciembre de 2026 a las 21:00 horas.

La presentación celebrará el 30° aniversario de la primera edición de “El Superclásico de la Juventud” el evento masivo que lideró en ese mismo escenario de Liniers en 1996 y que marcó un punto de inflexión en su convocatoria a nivel continental.

Sin embargo, la polémica se conoció días después de la confirmación del evento político religioso en el estadio de Vélez. Es que el hombre que vive en Estados Unidos y quiere competir por la presidencia tenía intenciones de llenar el estadio más grande del continente, el Monumental de Nuñez.

Desde la dirigencia de River, comandada por Stefano Di Carlo, dilató las conversaciones con la organización del evento para finalizar con un mensaje donde resaltan que “no hacen eventos políticos ni religiosos de ningún tipo”. Aunque la verdadera razón es que Jorge Brito, el banquero y expresidente de la institución es uno de los que quiere competir por el mismo electorado.

Britos trabaja día a día para generar un espacio en la polarización entre el Gobierno y el peronismo de cara a la discusión por el sillón de Rivadavia y cree que puede tener resultados por la dispersión social y el enojo que existe en la sociedad con la política. Detrás del banquero está Emilio Monzó, quién sostiene que “tres meses es más que suficiente para la instalación de una candidatura”.

Por estas horas, Daniel Hadad, otro de los outsider que busca la tercera vía, parece más inclinado en una potencial candidatura de Sergio Massa, por lo que un espacio entre Britos y Gebel parece una discusión cara a cara.

Más allá del impacto religioso y cultural, el regreso masivo de Gebel al país es leído en los despachos de la dirigencia nacional como un test de territorialidad y capacidad de movilización de cara al escenario electoral de 2027.

El espacio Consolidación Argentina viene articulando contactos con sectores evangélicos, gremiales y dirigenciales en la provincia de Buenos Aires y el interior del país para apuntalar una eventual candidatura presidencial independiente.

Aunque Gebel ha manifestado públicamente que un proyecto de esa magnitud requeriría un plan de gobierno integral fuera de las estructuras tradicionales del peronismo o de las alianzas vigentes, la magnitud del acto en Vélez servirá como un termómetro sobre su nivel de adhesión real en el principal distrito del país.

En diálogo con La Letra Chica, el concejal de Fuerza Patria y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Gustavo Pulti, analizó y criticó la vuelta de Guillermo Montenegro a la intendencia de General Pueyrredón tras su paso por el Senado y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei. 

"Mar del Plata y la Argentina no pueden estar gobernadas por gente que no las ama, que no las quiere, por gente que no tiene los huevos puestos en esta canasta, por gente que busca el aplauso del exterior en base al llanto de los nuestros", reflexionó. 

El exjefe comunal afirmó que el retorno de Montenegro “supone la admisión de que ha fracasado el camino que se había tomado”.

Y advirtió que la gestión municipal padece un “fuerte abandono” en salud, obra pública y seguridad. “Los marplatenses que pagan los costos de una gestión que ya no hacía cosas”, sentenció

Reclamo por un plan de seguridad y el convenio con Provincia

Sobre la problemática del delito, Pulti remarcó la necesidad de que el Gobierno local deje de confrontar con el Ejecutivo bonaerense y entregue la propuesta comprometida desde 2020.

“Mar del Plata es la única municipalidad de 135 municipios que no presentó el plan integral de seguridad”, sostuvo, al tiempo que valoró que el intendentismo intente ahora trabajar en conjunto con Axel Kicillof.

En ese sentido, exhortó a la gestión de Montenegro a firmar el esquema técnico “para darle una mínima tranquilidad a los vecinos en lugar de mantener peleas políticas”.

Desempleo, parálisis comercial y el respaldo a Kicillof

El funcionario también apuntó contra Milei por el panorama socioeconómico que tiene como concecuencia la caída del consumo, el impacto en la industria textil y el cierre de comercios en arterias marplatenses tradicionales como en calles Güemes, Alberti y Constitución.

“El modelo de Milei pisotea la industria y destruye el consumo. Le propusimos a Montenegro ir juntos a la Casa Rosada a pedirle al Presidente que mire la realidad social”, dijo, apelando a la unidad, "sin importar el partido político". 

Finalmente, al ser consultado sobre el escenario político, respaldó al Gobernador: “Apoyamos a Axel como el líder de una etapa que necesita el país, una etapa distinta para marchar hacia el futuro”.

La dirigencia del Frente Renovador de la Octava Sección Electoral encabezó un plenario regional en el espacio en La Plata, con el objetivo de evaluar el escenario socioeconómico nacional y fijar la estrategia política del espacio en la capital bonaerense.

El encuentro estuvo liderado por el diputado provincial Juan “Tachu” Malpeli, el presidente de AUBASA José Ramón Arteaga y el concejal platense Raúl Recavarren, reuniendo a legisladores, funcionarios, referentes sindicales y cuadros de la juventud massista de la región.

La convocatoria buscó exhibir despliegue territorial en los barrios platenses y consolidar un núcleo de representación propio frente a las discusiones internas del peronismo y el reordenamiento del tablero electoral bonaerense hacia 2027.

Sergio Massa y el eje en la unidad del peronismo

Durante sus intervenciones, los principales oradores remarcaron el rol de Sergio Massa como articulador del espacio del Frente Renovador y promotor de consensos dentro del esquema opositor a nivel nacional.

Arteaga enfatizó que, frente al contexto de fragmentación social, el modelo a construir debe apoyarse en “unidad, consenso y diálogo”, priorizando un Estado eficiente que fomente acuerdos en favor del desarrollo productivo.

Por su parte, Malpeli ratificó que Massa ya comenzó a recorrer el territorio para estructurar el espacio más allá de las candidaturas específicas de la próxima elección, destacando su compromiso por garantizar la cohesión del peronismo y el Frente de Todos en la provincia y el país.

“Sergio ya largó. Está construyendo más allá del rol o el lugar que le toque ocupar en la próxima elección porque, como siempre, es quien brega por garantizar la unidad de nuestro espacio”, amplió el legislador.

En el plano estrictamente local, el plenario del massismo platense funcionó como un hito de posicionamiento ante el esquema que conduce el intendente Julio Alak en La Plata y la proyección de la gobernación bonaerense:

Desde la conducción del FR platense expresaron la decisión de ser “protagonistas y parte central” de la discusión política en La Plata, impulsando herramientas legislativas enfocadas en la producción, el empleo y el fortalecimiento del entramado PyME y barrial.

Desde Mar del Plata, el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, dejó en claro sus intenciones de competir por la Gobernación bonaerense para darle continuidad al proyecto político de Axel Kicillof. Además, llamó a elecciones internas en el peronismo para definir candidaturas.

“Por supuesto que me gustaría conducir los destinos de esta provincia. Me siento con la confianza suficiente para encarar todos los cambios”, afirmó en declaraciones a la prensa.

Arrancamos en #MarDelPlata el 6º Encuentro Regional “¿Cuánto futuro cabe en la Provincia?”, para debatir las necesidades y los proyectos de la Región Costa Marítima. Estamos dándole la vuelta a la provincia para conversar, discutir y dialogar con los actores del territorio. No podemos pensar el futuro sin escucharlos. Nos acompañan el sector privado y el público, universidades, escuelas, sindicatos, intendentes, cooperativas, iglesias, entidades productivas y organizaciones sociales de Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredon, La Costa, Lobería, Mar Chiquita, Necochea, Pinamar, San Cayetano, Tres Arroyos y Villa Gesell. Todas miradas bien diversas, y esa es la primera buena noticia de esta jornada: poner en valor distintas experiencias y conocimientos. Hoy vamos a llegar a acuerdos, a mandatos para mi equipo y para el gobernador. Queremos conducir y organizar el desarrollo de este país. Somos defensores de la infraestructura y estamos convencidos de que es la herramienta que integra un territorio cuando se piensa y se planifica bien. Tenemos que poder construir el segundo piso de todo: más universidades, más rutas, más logística. Estamos en una ciudad hermosa que conozco hace 50 años, y que es un poquito el reflejo de lo que le viene pasando a la Argentina. Cuando se apaga el motor del turismo y de la industria; cuando producir y trabajar no es un buen negocio, Mar del Plata no tiene destino. Tenemos una oportunidad. Queremos que los buenos trabajos y los buenos salarios se queden acá. El esfuerzo tiene que ser más parejo en la Argentina.

— Gabriel Katopodis (@gkatopodis) October 8, 2026

De esta manera, el funcionario se sumó a la carrera por el sillón de Calle 6 dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), al tiempo que expresó: “Los candidatos del peronismo los tiene que elegir la gente; tiene que haber PASO”.

Su postulación se suma a las de Jorge Ferraresi, Julio Alak y Fernando Espinoza, mientras que La Cámpora y el massismo mueven sus propias fichas con figuras de peso territorial.

Nombres como Mayra Mendoza, Leonardo Nardini, Juan Andreotti, Federico Achával y Mariel Fernández también suenan en el radar de la oferta electoral oficialista para los próximos comicios.

Gestión de obras y dardo a Montenegro

En el Encuentro de la Región Costa Marítima, Katopodis destacó que la primera etapa de la Rambla marplatense está ejecutada en un 90% y ponderó los frentes de obra en las rutas provinciales 11 y 88.

"Necesitamos de la obra pública, necesitamos de la universidad pública y también de la participación para que el crecimiento del país se transforme en calidad de vida para todos", sostuvo.

Por último, el funcionario cruzó el parate de la obra pública nacional en el distrito y cuestionó al intendente Guillermo Montenegro por su alineamiento con las políticas de Javier Milei: “Caminé 15 minutos por Güemes y nunca la vi tan caída; salió mal el plan”, sentenció.

Cerramos en #MarDelPlata el Encuentro de la Región Costa Marítima con mucho entusiasmo. Me tocó recorrer los talleres y ver debates intensos, ganas de aportar y cientos de experiencias muy valiosas con un arraigo territorial tremendo. Muchos pibes y pibas se sumaron a este 6° encuentro regional con ganas de decidir lo que queremos para nuestro país. @Kicillofok nos convoca a esto: a planificar el futuro, a llenarnos de ganas y a hacer un mejor Estado, más ágil e inteligente, para que los sueños de la gente se puedan cumplir. Necesitamos de la obra pública, necesitamos de la universidad pública y también de la participación para que el crecimiento del país se transforme en calidad de vida para todos. Vamos a seguir recorriendo la provincia con la convicción de que se puede vivir mejor.

— Gabriel Katopodis (@gkatopodis) October 9, 2026

El debate sobre la ley que limita a dos mandatos consecutivos la permanencia de los intendentes en la Provincia volvió al centro de la agenda política impulsado por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que responde directamente al gobernador Axel Kicillof.

Con la vía judicial completamente agotada tras las sucesivas ratificaciones de la normativa, la dirigencia axelista busca una salida parlamentaria e intensifica la presión sobre sus socios de coalición para revertir el cerrojo institucional antes del cierre del ciclo legislativo.

Desde las filas del kicillofismo sostienen que obturar la posibilidad de reelección a los jefes comunales con arraigo territorial debilita las posibilidades de retener el gobierno provincial y proyectar el armado nacional hacia 2027.

Ante la negativa de la oposición y las reticencias del Frente Renovador y La Cámpora, el MDF advierte sobre la posibilidad de escalar el conflicto hacia las máximas instancias de decisión partidaria.

Los cambios que negocia el kicillofismo

La controversia en torno a las “re-re” se ha entrelazado con el cronograma de normalización del Partido Justicialista bonaerense. El Congreso partidario, previsto para reunirse en el mes de noviembre, se perfila como el escenario de confrontación donde el axelismo amenaza con romper el esquema de gobernabilidad interna si no se destraba el debate legislativo.

Si bien Kicillof ya asumió la presidencia del Consejo Provincial, la consagración de Máximo Kirchner al frente del Congreso partidario y la de Leonardo Nardini en la Junta Electoral deben ser votadas por los congresales.

Ante la falta de consensos para una derogación directa, sectores del oficialismo y del radicalismo comenzaron a explorar vías intermedias, como la posibilidad de habilitar a los municipios a fijar sus propios regímenes electorales a través de Cartas Orgánicas locales.

En los despachos de la Gobernación admiten que llegar al Congreso del PJ sin acuerdos previos sobre la reelección de los alcaldes profundizará la distancia con el sector de Cristina Fernández de Kirchner, tornando cada vez más compleja la posibilidad de consensuar listas unificadas para las próximas elecciones provinciales.

En un giro de alto impacto político e institucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó este viernes una medida cautelar interina que suspende en forma provisoria los efectos del artículo 154 del DNU 70/23.

Con esta decisión, el Máximo Tribunal restablece temporalmente las restricciones de la Ley N° 26.737 (Ley de Tierras), bloqueando la compra irrestricta de campos y recursos rurales por parte de personas o corporaciones extranjeras.

La resolución judicial se estructuró a través de un voto dividido compuesto por los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, a quienes se sumaron los conjueces sorteados Diego Barroetaveña (Cámara de Casación) y Juan Ignacio Pérez Curci (Cámara Federal de Mendoza).

En disidencia votó el ministro Carlos Rosenkrantz, quien sostuvo la incompetencia originaria del tribunal para dictar la suspensión de la norma en esta etapa procesal.

La cautelar y el eje en el derecho ambiental

El planteo fue impulsado por la organización rionegrina Asociación Civil Árbol de Pie ante el Juzgado Federal de Bariloche. A diferencia de la acción promovida por el CECIM La Plata, el nuevo expediente articuló el reclamo bajo la tutela del artículo 41 de la Constitución Nacional, relativo a la protección del medio ambiente, la biodiversidad y los derechos territoriales comunitarios.

Para justificar la cautelar sin adentrarse en la constitucionalidad de fondo del DNU, la Corte argumentó:

Riesgo de daño irreparable: La vigencia de la desregulación mientras el juzgado de origen no defina la admisibilidad del amparo podría generar operaciones inmobiliarias irreversibles sobre ecosistemas protegidos.

Tutela judicial efectiva: Se encomendó al fuero federal de Bariloche pronunciarse con celeridad sobre la legitimación de la entidad ambientalista y sobre la medida cautelar definitiva.

La intervención de la Corte frena parcialmente la vigencia del DNU 70/23 a pocos días de que la Cámara de Diputados sesione el 15 de octubre para debatir el rechazo integral del decreto de necesidad y urgencia.

El Poder Ejecutivo avanza en la confección de un decreto promovido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, que establecerá un nuevo régimen de retiros voluntarios para la administración pública nacional.

La medida estará orientada al personal de planta permanente de la administración centralizada y a contratados por tiempo indeterminado, fijando compensaciones de hasta 20 sueldos y la prohibición de reingresar al sector público nacional durante un plazo de ocho años.

Según proyecciones oficiales, la iniciativa apunta a un universo potencial de aproximadamente 21.187 empleados estatales, estimando una adhesión inicial cercana a los 2.187 trabajadores, con un costo fiscal estimado en la franja de los $116.500 a $130.000 millones.

La propuesta del Gabinete contempla adaptar los ofrecimientos de desvinculación a tres categorías de agentes estatales. Agentes en edad y con años de aportes para jubilarse, facilidades para agilizar la tramitación del beneficio previsional.

Agentes en edad jubilatoria sin la totalidad de los años cotizados. La asistencia para volcar parte de la compensación económica hacia la cancelación de moratorias previsionales. Ante el esquema indemnizatorio para quienes opten por migrar al sector privado o emprender en la actividad autónoma.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general, Rodolfo Aguiar, rechazó categóricamente la medida, definiendo el esquema como un “despido extorsivo” amparado en la presión sobre la estabilidad de los puestos de trabajo y la cobertura de la obra social.

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó una movilización hacia las puertas de la Secretaría de Industria de la Nación bajo el lema “Las Malvinas son argentinas; la industria nacional también”.

La marcha reunió a columnas de gremios de la industria, el transporte, el comercio y los servicios en reclamo por la apertura importadora, la parálisis de la actividad productiva y la pérdida de empleo en el sector privado.

El acto contó con las intervenciones del triunvirato de conducción integrado por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), quienes manifestaron su rechazo a las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo y exigieron una reorientación inmediata del esquema macroeconómico.

Las advertencias de la conducción cegetista

Durante los discursos desde el escenario montado en el microcentro porteño, los secretarios generales lanzaron duras críticas hacia el Gabinete nacional y el arco político opositor.

Sola acusó al Gobierno de llevar adelante un proyecto de desmantelamiento industrial a través de las decisiones del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desregulación, asegurando que la política oficial profundiza la brecha social y beneficia a los sectores financieros en detrimento del trabajo productivo.

Por su parte, Jerónimo advirtió que la central obrera escalará el nivel de conflictividad si la Casa Rosada no revisa su estrategia socioeconómica. Asimismo, reclamó a los dirigentes del campo nacional y popular que asuman un rol activo en la defensa de los derechos laborales.

Por último, Argüello cuestionó la falta de respuestas a las demandas sindicales y señaló que el malestar acumulado en los sectores trabajadores derivará en nuevas medidas de protesta en el corto plazo.

Un relevamiento provincial elaborado por la consultora Isonomía reflejó que el 64% de los bonaerenses encuestados se manifestó a favor de la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) para la selección de autoridades provinciales y municipales.

El indicador contrasta con un 22% de rechazo a la reforma y un 14% que no expresó posición al respecto, en el marco de un debate que reaparece en la agenda legislativa tras el estreno del sistema nacional.

El mecanismo se utilizó para la categoría de diputados nacionales durante los comicios de octubre de 2025 bajo el marco de la Ley 27.781, pero su aplicación en las elecciones de gobernador, legisladores provinciales e intendentes exige una modificación previa del Código Electoral bonaerense.

El 67% de los consultados consideró muy o bastante importante que la totalidad de las listas estén integradas en un único impreso para evitar maniobras de sustracción o faltante de boletas en el cuarto oscuro.

Mientras que un 65% de los bonaerenses valoró la reducción del gasto público vinculada al recorte en la impresión masiva de boletas partidarias.

El 61% resaltó el impacto ambiental positivo que genera el menor consumo de papel en los operativos comiciales.

El escenario en la Legislatura provincial

Pese al consenso social que refleja el sondeo, la modificación del régimen de votación en el territorio bonaerense permanece atada a las negociaciones parlamentarias en ambas cámaras. Senadores de La Libertad Avanza y bancadas opositoras como el PRO impulsan proyectos para incorporar la BUP en las elecciones subnacionales.

Sin embargo, para tratar la reforma en el recinto se requiere articular acuerdos mayoritarios con el oficialismo de Unión por la Patria y bloques aliados.

De no sancionarse una nueva normativa electoral en la Legislatura antes del inicio del próximo calendario de comicios, la provincia de Buenos Aires mantendrá el esquema tradicional de boleta partidaria para la elección de autoridades locales.

La Juventud de La Libertad Avanza (LLA) se reunirá este sábado 10 de octubre en las instalaciones del Sindicato de Panaderos en Morón, en lo que será su Congreso Provincial, con una convocatoria prevista de más de 1.000 militantes bonaerenses.

El encuentro contará con la presencia de dirigentes clave del esquema libertario nacional y provincial, además del referente local Ariel Diwan como anfitrión en el distrito.

El cierre formal de la jornada estará a cargo del presidente de LLA en la Provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, y contará también con la participación de Diego Santilli, en un gesto que busca reforzar el despliegue de la alianza oficialista en el Conurbano bonaerense de cara al armado electoral para 2027.

El evento en el oeste del Gran Buenos Aires se desarrolla en el marco de una soterrada discusión dentro del espacio oficialista nacional sobre los criterios de representación de la juventud en las futuras listas de candidatos.

Sectores conducidos por Sharif Menem, el comunicador Iñaki Gutiérrez y la coordinadora universitaria Rocio Gómez defienden la consolidación de una juventud orgánica enfocada en el trabajo territorial, la fiscalización y la labor técnica en los bloques legislativos.

En contraposición, sectores alineados con el asesor presidencial Santiago Caputo y la agrupación Las Fuerzas del Cielo reclaman un mayor reconocimiento y lugares de privilegio para los perfiles destacados de la batalla cultural en el entorno digital.

La estrategia de LLA en la Primera Sección Electoral

La elección de Morón no resulta casual dentro de la ingeniería política del oficialismo nacional. La Primera Sección Electoral representa uno de los grandes bastiones demográficos donde LLA proyecta intensificar la presencia de sus cuadros juveniles para disputar el control territorial a los intendentes del peronismo local.

Con este encuentro, la conducción bonaerense pretende enviar una señal de ordenamiento interno, demostrando capacidad de movilización propia y contención de las distintas vertientes generacionales que integran el espacio.

En medio de una marcha de trabajadores de la salud a la Gobernación bonaerense, la referente Laura Cano denunció la crítica situación salarial y edilicia que atraviesan los profesionales de los hospitales públicos ante la gestión de Axel Kicillof en la Provincia y de Javier Milei en Nación.

Al evaluar el Gobierno bonaerense, afirmó que “hay micro estallidos por toda la provincia”, y apuntó directamente contra las políticas de Kicillof: “Quien dijo ser un escudo frente al Gobierno nacional, más que escudo es un colador”.

Frente al planteo de no favorecer la narrativa libertaria, Cano respondió que “Kicillof elige a quién beneficiar”. Reveló que en Salud “en la mayoría de los casos tienen salarios que por lejos no llegan a cubrir la canasta básica” y que muchos perciben apenas un millón doscientos mil pesos.

A su vez, advirtió que “el sistema público de salud de la provincia de Buenos Aires está al borde del colapso con tasas de ocupación de camas que en muchos casos llegan al 100%”.

Críticas a la cúpula de CICOP

La referente sindical apuntó contra la conducción del gremio de profesionales de la salud, presidido por Pablo Maciel, al afirmar que “les ha dado la espalda a más de 500 residentes” que se movilizaron a la Gobernación.

“Están reclamando que el sindicato, la CICOP, los escuche también, porque aunque parezca mentira, el sindicato les ha dado la espalda”, expresó sobre el pedido de la asamblea provincial.

La referente destacó que el reclamo “es del conjunto de los trabajadores” e insistió en que el gremio debería ponerse a la cabeza de las protestas frente a la desatención del Ministerio de Salud.

Por último, hizo un llamado a “unir los reclamos” de la provincia y convocar a la movilización del 15 de octubre para cuestionar el rumbo económico y social de la gestión tanto de Kicillof como de Javier Milei.

La educación pública volvió a ocupar un lugar central en la agenda de La Plata, en el marco de un encuentro realizado en el Teatro Argentino por los 150 años de la aplicación de la Ley de Educación Común de la provincia de Buenos Aires.

La actividad reunió al intendente Julio Alak, al gobernador Axel Kicillof, a la ministra de Educación bonaerense, Flavia Terigi, y a representantes de la comunidad educativa.

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó el trabajo articulado con la Provincia y puso el foco en las obras realizadas en los establecimientos educativos de la ciudad.

“En nuestra ciudad, lo hemos llevado a la práctica con la refacción del 70% de los edificios escolares para brindar mejores condiciones de estudio a nuestros chicos y chicas”, señaló el intendente.

Una ley que marcó el camino

La Ley N° 988 de Educación Común fue promulgada en septiembre de 1875 y comenzó a aplicarse al año siguiente. Casi una década antes de la sanción de la Ley Nacional 1420, estableció las bases de la organización de la escuela pública bonaerense.

Entre otros puntos, definió responsabilidades para garantizar la educación básica, estableció criterios de administración y organización de las escuelas y determinó funciones para directivos y docentes.

En ese marco, Alak reivindicó el rol de la educación pública y destacó las políticas provinciales vinculadas con el derecho a la enseñanza.

“El mejor homenaje que podemos hacer a quienes impulsaron esta Ley es tener un Gobierno provincial que pone en el centro de sus políticas el garantizar el derecho a la educación pública”, sostuvo.

Desde el Municipio señalaron que el trabajo conjunto con la Provincia apunta a mejorar los edificios escolares, acompañar a las comunidades educativas y generar mejores condiciones para enseñar y aprender.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, recibió a familiares de personas con autismo e integrantes de la Red Federal Familias TEA para avanzar en una agenda de trabajo para fortalecer la accesibilidad cognitiva, garantizar pictogramas e impulsar capacitaciones.

“Asumimos el compromiso de mejorar las condiciones de inclusión en el transporte y dimos un paso más en la premisa de construir una provincia cada vez más inclusiva”, destacó Marinucci.

Y dejó en claro: "Vamos a continuar generando espacios de diálogo y acompañando iniciativas que permitan garantizar derechos y mejorar la calidad de vida en cada rincón de la Provincia".

💙 Más inclusión, más derechos Recibí a representantes de la Red TEA de Nodos Bonaerenses, con quienes compartimos una reunión de trabajo para conversar sobre las necesidades y desafíos que atraviesan las personas con autismo y sus familias. Me acompañaron la subsecretaria @passomarcela y el director provincial @_Raul_Diaz, reafirmando la importancia de seguir articulando desde el Estado políticas públicas con una mirada más inclusiva, accesible y cercana. Vamos a continuar generando espacios de diálogo y acompañando iniciativas que permitan garantizar derechos y mejorar la calidad de vida en cada rincón de la Provincia.

— Martín Marinucci (@MartinMarinucci) October 8, 2026

Durante la reunión se planteó la urgencia de entrenar a los choferes de colectivos para mejorar la atención, el acompañamiento y la comunicación con usuarios dentro del espectro autista.

Uno de los ejes centrales fue el uso de pictogramas en las unidades para facilitar la comprensión de itinerarios y favorecer la autonomía de los pasajeros.

A su vez, la titular de la Asociación “Mi Amigo Dino” de Merlo, Nilda Díaz, valoró la apertura provincial para abordar “la accesibilidad cognitiva y la capacitación de los choferes”.

Aplicación territorial y marco regulatorio de la Ley 15.613

Junto a la subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Transporte, Marcela Passo, y el director provincial de Políticas de Transporte Sostenible, Raúl Díaz, Marinucci reafirmó la aplicación de la Ley N.º 15.613, que exige la inclusión obligatoria de pictogramas y formación a choferes.

En esa línea, Sabrina Amarilla, de Red TEA San Isidro, celebró la iniciativa para “brindar las capacitaciones correspondientes a cada empresa de transporte en los distritos”.

Por su parte, Mariana Espínola, de Red TEA Morón, remarcó que las familias recibieron “una buena respuesta” para continuar profundizando estas medidas en el territorio.

En el marco del proceso de privatización del 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la apertura del sobre "B" realizada este jueves consagró al consorcio integrado por Rowing S.A. (encabezada por Walter Román), Transclor S.A. (de Mauricio Filiberti), la brasilera Arcos Saneamento y el fondo neerlandés PHX Aqua AR BV como el virtual ganador de la contienda licitatoria.

Con una propuesta de US$ 340,2 millones, la alianza Rowing-Transclor superó por US$ 55,2 millones (un 19,4% superior) a la propuesta presentada por el grupo Roggio ROAS S.A.U., que ofreció US$ 285 millones.

Al ser una licitación sin precio base y dado que ambas ofertas superaron los filtros técnicos previos formalizados en la Resolución 1722/2026 del Ministerio de Economía, el monto económico definió al futuro operador estratégico del servicio de agua y cloacas en el AMBA.

Compromiso de inversión y metas de gestión (2027-2031)

El pliego exigirá al próximo concesionario un esquema obligatorio de inversiones supervisado por el Estado nacional para expandir la red e infraestructura.

Se determinó un compromiso de inversión de $2,89 billones (a valores de diciembre de 2025 sin IVA), equivalentes a más de US$ 2.000 millones. El monto se destinará a obras de infraestructura ($1,13 billones), mantenimiento operativo ($1,15 billones), mejoras edilicias y de red ($315.761 millones) y costos de operación ($296.166 millones).

Se proyecta alcanzar el 75,3% de cobertura en agua potable y el 63,9% en cloacas, exigiendo hacia el final del período de concesión niveles mínimos del 90% y 75%, respectivamente.

El avance de las apuestas online y el crecimiento de la ludopatía volvieron a poner el tema en el centro de la agenda bonaerense. En ese escenario, la diputada de la Coalición Cívica, Romina Braga cuestionó el rol del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), que conduce Gonzalo Atanasoff, y reclamó medidas concretas para enfrentar una problemática que, según advirtió, está golpeando especialmente a los jóvenes.

En conversación con Diagonal a Contramano, la legisladora apuntó directamente contra Atanasoff y cuestionó las respuestas que viene dando el organismo frente al avance de las apuestas online. “Me parece totalmente insuficiente lo que está haciendo hoy el Gobierno de la provincia de Buenos Aires frente a este tema”, sostuvo.

Pero Braga fue más allá y planteó una dura advertencia sobre la falta de avances: “Además esto ya empieza a ser no solo negligencia, empiezo a entender que tal vez haya una intención de no avanzar en este tema, de una manera concreta, de una manera cabal y real”.

Qué debería hacer el Ejecutivo

Consultada sobre qué acciones deberían tomar los gobiernos provincial y nacional, Braga reclamó una política integral que no quede limitada a resoluciones administrativas. “Necesitamos una política de Estado, tanto nacional como provincial, que realmente tome el toro por las astas y que pueda generar una legislación que contemple todas estas cuestiones”, planteó.

En esa línea, enumeró algunos de los puntos que, a su entender, debería contemplar una regulación específica: “Hay que trabajar sobre la publicidad, sobre la promoción, sobre la identidad, sobre la prueba de vida, sobre los menores, sobre la educación, sobre la salud mental y sobre la asistencia”.

Para la diputada, el problema requiere además una intervención que vaya más allá de las medidas puntuales que pueda adoptar el organismo que conduce Atanasoff. “Con resoluciones y buenas intenciones no se hacen más cosas solamente”, sostuvo, al reclamar un marco normativo que establezca reglas claras para el funcionamiento de las apuestas online.

El reclamo por una ley

Braga también cuestionó los tiempos de la Legislatura bonaerense. Según planteó, existen numerosos proyectos vinculados con la ludopatía y las apuestas online, pero el debate por una regulación integral todavía no logró traducirse en una ley.

La legisladora advirtió además por el vínculo entre las apuestas, el endeudamiento y el crecimiento del problema entre los jóvenes. “Cada día que nosotros no tenemos una ley que regule esto, tenemos jóvenes que se siguen endeudando y que siguen entrando en este círculo”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que el abordaje requiere coordinación entre los distintos poderes del Estado y políticas de prevención y asistencia, y cuestionó los tiempos de la Legislatura bonaerense.

Las internas demoran el debate

Según planteó, existen numerosos proyectos vinculados con la ludopatía y las apuestas online, pero el debate por una regulación integral todavía no logró traducirse en una ley.

En ese punto, vinculó la demora legislativa con las consecuencias concretas que la falta de regulación puede generar entre los jóvenes. “El problema de todo esto es que cada día que no se sanciona la ley por cálculos políticos, hay más pibes que se endeudan”, afirmó.

Por eso, Braga reclamó dejar de lado las diferencias internas y avanzar en una respuesta institucional. “Todo bien, pero me parece que es hora de generar una política seria y de que algunos internismos o faltas de diálogo, y seamos maduros”, planteó.

La deuda pública en moneda local en manos de acreedores privados registró un marcado incremento medido en dólares durante los primeros nueve meses del año.

Según estimaciones de la consultora EcoGo, el stock de estos pasivos pasó de US$ 69.000 millones en diciembre de 2025 a US$ 97.000 millones a fines de septiembre de 2026, lo que representa un salto cercano al 40% (aproximadamente US$ 27.000 millones adicionales).

Desde la Secretaría de Finanzas, conducida por Federico Furiase, y el equipo económico relativizan el impacto directo sobre el balance del Estado. Argumentan que el incremento medido en divisas responde fundamentalmente a un efecto cambiario por la apreciación del peso en términos reales y sostienen que, al medir la deuda contra la capacidad de pago del país, el ratio se mantiene en niveles estables de entre el 12% y el 14% del PBI.

De acuerdo con Sebastián Menescaldi (EcoGo), los pesos emitidos por el Banco Central para adquirir divisas fueron reabsorbidos por el Tesoro mediante licitaciones de deuda en moneda local en lugar de volcarse al crédito hacia el sector privado.

Por su parte, Pedro Martínez (PxQ) remarcó que el mantenimiento de tasas de interés reales positivas provoca que la capitalización de los intereses devengados incremente progresivamente la masa total del endeudamiento sin necesidad de nuevas emisiones netas.

La interna del peronismo bonaerense volvió a sumar un nuevo capítulo y, esta vez, la tarifa de electricidad quedó en el centro de la disputa. El Gobierno de Axel Kicillof decidió apelar la medida cautelar que había suspendido el aumento de los componentes provinciales de la factura y abrió otro frente de tensión con sectores del kirchnerismo.

La controversia se inició a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino, contra las subas de entre 1,5% y 3,5% autorizadas por la Resolución 585/2026. En septiembre, la Justicia hizo lugar al planteo, suspendió los incrementos y ordenó retrotraer los valores mientras se resuelve la cuestión de fondo.

El fallo tuvo como eje la falta de audiencias públicas previas a la aplicación de los aumentos. La Provincia, junto con las distribuidoras EDEN, EDEA, EDES y EDELAP, apeló la decisión y ahora será la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata la que deberá resolver el planteo.

Tignanelli salió a respaldar a Lorenzino

La decisión del Ejecutivo bonaerense no pasó inadvertida dentro del kirchnerismo. El diputado y dirigente de La Cámpora, Facundo Tignanelli, utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje publicado por Lorenzino, en el que el defensor del Pueblo cuestionó la interpretación que hizo la Provincia sobre la medida cautelar.

Lorenzino había sostenido que el Gobierno bonaerense intentó “instalar una idea equivocada” sobre el alcance del fallo y remarcó que “no está en discusión” el sostenimiento del sistema eléctrico provincial. El planteo apuntó a diferenciar la discusión sobre el mecanismo utilizado para actualizar las tarifas de cualquier cuestionamiento a la continuidad del servicio.

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— Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) October 1, 2026

El gesto de Tignanelli volvió a poner en evidencia las diferencias que existen dentro del peronismo bonaerense. Mientras el Ejecutivo de Kicillof decidió defender judicialmente el esquema tarifario que había dispuesto, desde un sector identificado con La Cámpora respaldaron públicamente el planteo de la Defensoría y pusieron el foco en el impacto de los aumentos sobre los usuarios.

El contrapunto adquiere una dimensión política mayor porque el kicillofismo suele presentar a la administración bonaerense como un límite frente a las políticas de ajuste del Gobierno nacional. En este caso, la decisión de recurrir a la Justicia para sostener una actualización tarifaria abrió un flanco para que sus propios aliados cuestionen la estrategia.

Así, la pelea por la tarifa eléctrica terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo de la interna peronista bonaerense. Con la Provincia defendiendo su decisión en los tribunales y La Cámpora respaldando el reclamo de Lorenzino, el conflicto por la luz volvió a poner sobre la mesa las diferencias sobre cómo pararse frente al ajuste, las tarifas y el rol que debe asumir el peronismo frente al Gobierno de Javier Milei.

Un grupo compuesto por cientos de estudiantes de diversas casas de altos estudios (como la UBA, la UNA, la UNLP, la UNQ y la UNSAM) concretó una ocupación y sentada en el hall central del Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación.

La medida de fuerza ocurrió tan solo 24 horas después de que el juez federal Martín Cormick declarara inconstitucional la restricción impuesta por el Poder Ejecutivo sobre la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y le ordenara al Gobierno su aplicación inmediata.

A través de un petitorio entregado formalmente en el edificio, los representantes estudiantiles exigieron al secretario de Educación, Carlos Torrendell, una audiencia de trabajo urgente en torno a cinco medidas prioritarias:

• Cumplimiento efectivo de la Ley 27.795: Exigen la actualización por inflación de las partidas para funcionamiento, investigación y salarios de docentes y no docentes.

• Recomposición de las Becas Progresar: Solicitan la actualización de los montos mensuales (congelados desde hace meses en $35.000) para llevarlos a los $60.000 fijados según las pautas de la ley.

• Boleto Educativo: Implementación plena del subsidio o gratuidad en el transporte público para estudiantes en todas las jurisdicciones.

• Salud Mental: Despliegue de programas e infraestructura de contención dentro de los campus universitarios.

• Presupuesto para Bienestar: Mayores partidas destinadas al sostenimiento de comedores y residencias universitarias.

Tensión en la sede de Educación

La acción en el Palacio Pizzurno incluyó momentos de tensión. Pese a que las autoridades dialogaron brevemente con una delegación estudiantil, el encuentro no arrojó respuestas ni certezas sobre una mesa de negociación formal.

Horas más tarde, efectivos de la Policía Federal llevaron a cabo el desalojo de las instalaciones, mientras que desde el Ministerio de Capital Humano anticiparon que realizarán denuncias contra los manifestantes. Las agrupaciones estudiantiles y gremios docentes reafirmaron el plan de lucha en la antesala de la nueva Marcha Federal Universitaria programada para el próximo 15 de octubre.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó a través de la Resolución 760/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, una nueva actualización tarifaria del 8,8% para las estaciones del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA), administradas por la empresa concesionaria AUBASA.

La medida entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas de mañana y fija el esquema de costos que regirá hasta enero. El cálculo de la actualización se realizó en base a la fórmula polinómica trimestral que pondera las variaciones en el índice de salarios, el índice de precios al consumidor (IPC) y los precios mayoristas confeccionados por el INDEC.

Con los nuevos valores, un automóvil particular (Categoría 1) que viaje desde La Plata hasta Mar del Plata deberá abonar $17.200 en peajes (sumando los pasos por Samborombón y Maipú) abonando bajo la modalidad manual.

Cuadro tarifario por estación de peaje

Samborombón, La Huella (Ruta 11) y Maipú (Ruta 2)

Categoría 1 (Autos y camionetas de 2 ejes): $8.600 (pago automático: $8.507,95)

Categoría 2 y 3: $17.100

Categoría 4: $25.600

Categoría 5: $34.100

Categoría 6: $42.600

General Madariaga (Ruta 74)

Categoría 1: $3.600 (pago automático: $3.573,33)

Categoría 2 y 3: $7.200

Categoría 4: $10.800

Categoría 5: $14.300

Categoría 6: $17.900

Mar Chiquita (Ruta 11)

Categoría 1: $4.000

Categoría 2 y 3: $7.900

Categoría 4: $11.800

Categoría 5: $15.700

Categoría 6: $19.600

El reajuste se suma al paquete de actualizaciones dispuesto para la red vial bonaerense en la antesala de la temporada estival, buscando compensar los costos operativos de mantenimiento e infraestructura vial de las principales arterias de conexión turística.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue reelecto al frente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) durante la asamblea ordinaria celebrada en la sede de la institución.

La ratificación del jefe comunal matancero se concretó con el consenso unánime de los jefes y jefas comunales presentes, en una jornada donde no se formalizaron candidaturas alternativas ni se materializaron las especulaciones sobre un eventual despliegue del sector kirchnerista para disputar la conducción del organismo.

Se trata de un alivio para el conductor del Movimiento Derecho al Futuro, Axel Kicillof, porque le brinda una herramienta para poder recalar en la campaña electoral del próximo año.

Tras la definición de autoridades, la entidad emitió un documento conjunto en el que solicitó una reunión urgente con el presidente Javier Milei.

El pronunciamiento advierte sobre el severo impacto del programa económico nacional en los distritos, señalando la parálisis de la obra pública, la retracción del consumo y la pérdida de recursos fiscales como factores que presionan de forma directa sobre las arcas municipales y la demanda social en los barrios.

Un instrumento estratégico para el armado territorial

La conducción de la FAM, que nuclea a más de 500 municipios del país, representa una pieza clave en el esquema político del gobernador bonaerense de cara a la articulación federal y el armado de alianzas con intendentas e intendentes del interior del país.

Pese a los movimientos preliminares que sugerían un intento de La Cámpora por disputar la presidencia del espacio, la jornada transcurrió sin contrapuntos en el recinto, garantizando la continuidad de la dupla histórica que el PJ bonaerense mantiene en la conducción de la entidad.

En paralelo a los reclamos planteados por la dirigencia comunal, la Casa Rosada busca avanzar en el Congreso de la Nación con la denominada Ley Hojarasca, un paquete de reformas desreguladoras impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.