El Gobierno de la provincia de Buenos Aires extendió el plazo de la oferta del canje de deuda bajo legislación extranjera hasta el próximo 26 de febrero de este año.

 

El ministerio de Hacienda y Finanzas que maneja Pablo López, lanzó un comunicado para explicar las razones de la medida.

 

Asimismo, el escrito informa que “desde el inicio del proceso de reestructuración de deuda el equipo económico está manteniendo diálogos de buena fe con los bonistas con el objetivo de alcanzar un acuerdo que sea consensuado y sostenible en el mediano y largo plazo”.

 

Además, remarca que “esté alineado con la realidad fiscal, la capacidad de pago de la Provincia y que también tenga en cuenta las condiciones macroeconómicas y el impacto sobre las reservas internacionales”.

 

Según el último informe de deuda publicado en abril de 2020, el Gobierno de Axel Kicillof mantiene una negociación con los acreedores por la deuda en ley extranjera, que supera los U$D 7.000 millones y representa el 70% del endeudamiento total.

 

Cabe destacar que a lo largo del año pasado no se logró llegar a un acuerdo con la pretensión de los tres años de gracia para afrontar los pagos, con una quita del 55% del interés, y del 7% del capital.

 

En una reunión con ministro de otras provincias para tratar el tema de las deudas en conjunto, López hizo énfasis en la necesidad de generar un desendeudamiento en moneda extrajera y lograr que la financiación de la Provincia sea a partir de deuda sostenible.

 

Es decir, en pesos y bajo ley local, o a través de organismos multilaterales de crédito. La negociación en el territorio bonaerense es el camino a seguir por el resto de las provincias que se encuentran en una situación similar.

 

En este marco, el ministro de Hacienda bonaerense destacó que “logramos elaborar un documento conjunto que contiene 7 puntos de consenso en esta iniciativa federal. Estos puntos van a servir como lineamientos para lograr una deuda compatible con un sendero de crecimiento económico”.

 

Para finalizar, se comprometieron a mantener la comunicación y la coordinación sobre cada uno de los procesos de desendeudamiento y rechazaron las “herramientas de presión de carácter judicial para forzar soluciones insostenibles”.