lunes 19 de agosto de 2024 - Edición Nº2084

Gremiales | 24 sep 2019

Polémica

Por sospechas de fraude, la Justicia volvió a suspender las elecciones de OSDEPYM

La obra social de empresarios y profesionales volvió a quedar en el ojo de la Justicia por supuesto fraude en el proceso electoral.


Las sospechas de fraude siguen sacudiendo la intervención de la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributista por parte del funcionario macrista, José Bereciartúa.

Es que el Juez Enrique Lavié Pico, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, ordenó la suspensión de la Asamblea fijada  para el día 26 de Septiembre y vuelve a montar sospechas sobre el desarrollo de Bereciartúa en la intervención.

Recordemos que la primera asamblea general estaba pautada para mediados de agosto, aunque las diferentes causas judiciales. Pese a eso, Bereciartúa publicó una millonaria solicitada donde reclamaba al Poder Judicial “por desobedecer una oren presidencial”.

Ahora, Lavié Pico justifica la suspensión por la postulación del mismo interventor se postule para continuar en la Obra Social, en atención a que al ser interventor posee facultades extraordinarias y además es funcionario del Ejecutivo Nacional.

La sentencia de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal cuestiona duramente  la convocatoria del Interventor José Bereciartúa  y ordena la instrumentación de medidas para modificar el Reglamento Electoral de Osdepym  para garantizar el libre ejercicio electoral.

Lo grave, además, pasa que desde la intervención de OSDEPYM, fue allanada por denuncias de malversación de fondos, direccionamiento de licitaciones e incluso manipulación de los padrones y votos para la Asamblea.

El primer intento de fraude quedó al descubierto cuando se publicaron fotos de la seccional Tucumán, con fotos de los comprobantes de seguimiento y de envío de sobres con votos armados, que fueron enviados desde la sucursal OSDEPYM Tucumán.

La intervención de Bereciartúa, que lleva 16 meses, aunque de antemano la Casa Rosada lo instauraba por 180 días, sigue sin poder desarrollar las elecciones libremente y normalizar la obra social.

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