En un movimiento legislativo de fuerte impacto político y económico para los distritos del sudoeste provincial, el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, logró el aval de su proyecto de ley que otorga estabilidad definitiva al andamiaje de exenciones impositivas del sur bonaerense.

La iniciativa reforma de raíz las leyes provinciales 12.322 y 12.323, transformando los beneficios del Área Patagónica Bonaerense y de la Zona Austral Desfavorable en regímenes de carácter permanente.

La continuidad de estas rebajas tributarias dejará de estar sujeta a las recurrentes y desgastantes discusiones por prórrogas temporales en el Presupuesto o a decretos de excepción del Poder Ejecutivo.

El proyecto apunta a blindar de forma permanente la competitividad de los partidos de Patagones, Villarino, Puán, Tornquist y Saavedra, entre otros alcanzados por las normativas vigentes.

La reforma impulsada por el ex intendente de Monte Hermoso solidifica un esquema de alivio fiscal que alcanza de forma transversal a las actividades agropecuarias, comerciales, industriales y de servicios radicadas en la región de transición patagónica.

Ahora, los habitantes de esos distritos no deberán esperar los tiempos políticos para gozar de exención total o alícuotas diferenciales fijadas por ley para las actividades productivas y el comercio minorista local.

En el texto de los fundamentos, Dichiara argumenta que el sudoeste bonaerense arrastra desde hace décadas un escenario de vulnerabilidad productiva que excede la coyuntura macroeconómica. La recurrencia de ciclos de sequías extremas y declaraciones de emergencias agropecuarias demuestra que las dificultades de la región son de matriz estructural y no transitoria.

El espíritu de la ley busca utilizar la política fiscal de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) como una herramienta activa de desarrollo regional.

Al garantizar un tratamiento diferencial permanente, el Estado provincial apunta a generar previsibilidad jurídica en el mediano y largo plazo, un insumo crítico para dinamizar las inversiones privadas, retener la población rural en el territorio y promover la sustentabilidad económica en una de las fronteras productivas más complejas del distrito.