El gobierno bonaerense de Axel Kicillof ha decidido pisar el acelerador y endurecer los controles sobre los municipios para la entrega de fondos destinados a obras públicas. Esta medida, oficializada mediante la Resolución 231 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a cargo de Gabriel Katopodis, reglamenta el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal, que se nutre del endeudamiento aprobado a finales del año pasado.

La decisión no es menor: llega en un momento de fuerte presión de los intendentes, que reclaman mayor flexibilidad para afrontar la delicada situación económica de sus distritos.

La nueva normativa establece una batería de exigencias administrativas y técnicas que los municipios deberán cumplir a rajatabla para acceder a los desembolsos. Entre los requisitos figuran memorias descriptivas detalladas, planos, presupuestos pormenorizados, la acreditación de titularidad de los predios donde se realizarán las obras y certificaciones refrendadas por funcionarios comunales.

La Provincia, además, se reserva la potestad de revisar la “razonabilidad” de los montos presupuestados y de verificar que no exista superposición con otros proyectos en ejecución, una tarea que recaerá en la Dirección Provincial de Infraestructura Municipal.

Pero los controles no terminan ahí. El esquema fijado por la Provincia ata los desembolsos al avance físico de las obras, estableciendo un cronograma rígido. Los municipios solo podrán acceder al segundo pago si acreditan un progreso mínimo del 20% y la colocación del cartel oficial de obra; el tercer giro, en tanto, quedará condicionado a superar el 50% de ejecución y presentar la rendición correspondiente.

El Ministerio también advirtió que podrá suspender pagos y bloquear nuevos proyectos en aquellos distritos que "obstaculicen el contralor" de los fondos, previendo incluso la intervención del Honorable Tribunal de Cuentas en casos de incumplimiento.