La caja no da más. Esa es la cruda realidad que hoy enfrentan los intendentes a lo largo y ancho de Argentina, con la soga apretando cada vez más fuerte y el fantasma de no poder pagar los sueldos municipales rondando en sus despachos.

La caída de la recaudación y el ajuste nacional están llevando a los municipios al límite, transformándolos en el primer frente de batalla de una crisis económica que no da tregua.

En la provincia de Buenos Aires, el panorama es particularmente tenso. Recientemente, un grupo de intendentes de la UCR se reunió con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Axel Kicillof, para reiterar un reclamo que ya es un grito desesperado.

En el centro de la discusión está el Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, creado a fines de 2025 mediante un endeudamiento provincial de US$ 3685 millones. Para ponerlo en perspectiva, este monto es equivalente a construir más de mil escuelas nuevas o a garantizar el presupuesto anual de decenas de municipios pequeños.

El problema no es solo la existencia de los fondos, sino cómo se pueden usar. Actualmente, el 70% de esa millonaria suma se distribuye según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante está atado a programas específicos de infraestructura, transporte y cultura.

Los intendentes, con Maximiliano Suescun de Rauch, Martín Randazzo de General La Madrid, Pablo Barrena de Lobería y Franco Flexas de General Viamonte a la cabeza, exigen que estos recursos sean de libre disponibilidad para cubrir gastos corrientes, es decir, para afrontar el día a día y, crucialmente, el pago de salarios.

Pero la presión no es solo provincial. A nivel nacional, la bronca de los intendentes es transversal y se dirige directamente al Ministerio de Economía. La Federación Argentina de Municipios (FAM), liderada por el peronista Fernando Espinoza, aglutina a dirigentes de diversos partidos que comparten la misma preocupación: la asfixia financiera provocada por la caída de la coparticipación y el ajuste del gobierno de Javier Milei.