Una denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuan ha desatado un terremoto político en la provincia de Buenos Aires. La jueza María Servini quedó a cargo de una investigación que busca desarticular un presunto entramado de corrupción, asociación ilícita y lavado de dinero vinculado a la instalación de radares y fotomultas.

La acusación alcanza al actual ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, a empresarios del sector y a directivos de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

El triángulo de las Multas: Municipios, Universidades y Empresas

Según el dictamen de Marijuan, el esquema permitía eludir las licitaciones públicas obligatorias mediante un mecanismo de triangulación. Los municipios firmaban convenios de “asistencia técnica” con universidades nacionales (como la UNSAM).

Las universidades, al no tener la tecnología propia, subcontrataban de forma directa a empresas privadas como Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., propiedad del empresario Leandro Camani.

El esquema permitía que hasta el 70% de lo recaudado por infracciones quedara en manos de los privados y los intermediarios académicos, dejando apenas una fracción menor para las arcas municipales. Solo en un municipio, la cifra bajo sospecha supera los $3.700 millones en un año.

Los nombres clave en la mira de la Justicia

La denuncia identifica actores en todos los niveles del Estado y el sector privado. Por un lado, el empresario Leandro Camani es señalado como el cerebro detrás de las firmas proveedoras. Ya arrastra un historial de conflictos, incluyendo una denuncia por extorsión del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, vinculada a cámaras en el Camino del Buen Ayre.

El ministro de Transporte provincial quedó alcanzado por la investigación sobre las autorizaciones para instalar los radares. Cabe destacar que Marinucci sucedió en el cargo a Jorge D'Onofrio, quien también es investigado en otra causa por lavado tras la compra de un Audi Q8.

El Secretario de Extensión de la UNSAM, Diego Kampel, es señalado como el nexo institucional que facilitaba las contrataciones directas para eludir los controles de transparencia.

Facturación apócrifa y los municipios involucrados

La fiscalía sospecha que el dinero excedente se blanqueaba mediante una red de empresas fantasma que compartían domicilios, abogados y apoderados. Estas estructuras habrían generado el efectivo necesario para el pago de coimas a los funcionarios encargados de aprobar los sistemas de control vial en rutas nacionales y provinciales.

La lista de distritos que habrían participado de estos convenios incluye a La Matanza, Mar del Plata, San Isidro, San Martín, Hurlingham, Morón y Zárate.

La causa de Servini no es la única. El fiscal Álvaro Garganta en la provincia y los jueces Culotta y Vence en el fuero federal también tienen expedientes abiertos contra Camani y diversos funcionarios.