La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) celebró una serie de resoluciones judiciales que anularon el cobro de tasas en varios distritos. Para la entidad, estos fallos consolidan la idea de que la tasa exige una contraprestación "concreta, medible y verificable".

En distritos como Azul, la Justicia no solo cuestionó el servicio, sino que invalidó el tributo por falta de mayoría legal en su aprobación. Este escenario enciende alarmas en las tesorerías municipales, que ven amenazada una de sus principales fuentes de financiamiento.

Desde CARBAP advirtieron que la falta de mantenimiento de la red vial rural es un reclamo recurrente, especialmente en la Cuarta Sección. Aseguraron que los productores siguen abonando sin recibir "un servicio acorde" a cambio.

"La judicialización de estos conflictos es consecuencia de la falta de respuestas concretas", agregaron, al tiempo que remarcaron que el deterioro de los caminos rurales impacta no solo en la producción, sino también en el acceso a la salud y educación.

El antecedente de Carlos Casares, donde también se declaró la ilegitimidad del cobro ante la falta de prestación efectiva, refuerza la señal institucional. Los intendentes ahora deberán demostrar transparencia y legalidad en el uso de los recursos públicos.

Finalmente, instaron a las comunas a revisar sus esquemas de financiamiento para garantizar una correspondencia real entre lo cobrado y lo prestado.