La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni ingresó en una fase crítica. El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un requerimiento formal ante el juez para levantar el secreto fiscal y bancario del Jefe de Gabinete y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. 

La medida busca realizar una “radiografía integral” de los movimientos financieros del matrimonio para contrastar su nivel de vida con las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.

Los puntos clave de la ofensiva judicial

El pedido del fiscal no se limita a las cuentas tradicionales, sino que busca trazabilidad en el nuevo ecosistema financiero. Se solicitó a la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ex AFIP) un informe detallado sobre plazos fijos, créditos, consumos con tarjetas y transferencias al exterior.

Por primera vez en la causa, la lupa se posa sobre las aplicaciones de pago y billeteras digitales, sospechadas de ser canales para movimientos de dinero no bancarizado.

Pollicita pidió los registros migratorios y de vuelos privados realizados por el funcionario y su familia, incluyendo sus recientes visitas a Nueva York y Punta del Este.

El núcleo del expediente sigue siendo la compra del departamento en la calle Miró al 500, Caballito, por 230.000 dólares. Lo que para la fiscalía “desafía la lógica del mercado” son los términos de la operación. Adorni habría recibido un préstamo de 200.000 dólares de las propias vendedoras (Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64).

La hipoteca no contempla intereses y tiene un plazo de devolución de un año. Tras declarar ayer en Comodoro Py, la escribana Adriana Mónica Nechevenko reveló un dato que la fiscalía considera "la punta del ovillo": el hijo de una de las vendedoras es amigo íntimo de Adorni. Además, se supo que las vendedoras habían comprado la propiedad apenas seis meses antes de cedérsela al funcionario.