La Justicia avanza con la citación de varias mujeres que habrían otorgado préstamos millonarios en dólares al influyente funcionario, sumergiéndolo en una investigación que pone a prueba la bandera de la transparencia del gobierno.

La investigación sobre Manuel Adorni, que está en manos del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, se centra en la adquisición de un departamento en la calle Miró, valuado en 230.000 dólares.

Lo que despertó las sospechas es que, según los registros, un 87% de ese monto, es decir, unos 200.100 dólares, habría sido financiado mediante hipotecas privadas otorgadas por dos mujeres, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas.

Para ponerlo en perspectiva, esa cifra equivale al costo de casi una decena de patrulleros modernos o al sueldo de un maestro durante más de treinta años.

Pero las operaciones inmobiliarias de Adorni no se detienen ahí. El expediente judicial también examina otro movimiento: la hipoteca de una segunda propiedad, ubicada en la calle Asamblea, también en Caballito.

Por esta operación, el jefe de Gabinete habría recibido otros 100.000 dólares de Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, una suma que podría financiar el salario de un médico por más de una década o el valor de un par de ambulancias bien equipadas.

Mientras la investigación judicial avanza, la situación de Adorni genera un "ruido" considerable dentro del oficialismo. Aunque el presidente Javier Milei ha buscado blindar a su vocero con gestos de respaldo, como una reunión de Gabinete donde Adorni fue el centro, la exposición mediática de estas operaciones inmobiliarias desafía la narrativa de austeridad y probidad que enarbola La Libertad Avanza desde su llegada al poder.