El PAMI entró en una zona de máxima tensión. Deudas acumuladas, prestaciones recortadas y clínicas que empiezan a retirarse configuran un escenario que ya no se explica en números, sino en consultorios.

La obra social más grande del país, con casi 6 millones de afiliados, muestra señales de agotamiento. Y lo que hasta hace poco funcionaba como una herramienta de control político, hoy se transforma en un problema difícil de administrar.

Un sistema que ya no cierra

El PAMI se financia con aportes de jubilados y transferencias de ANSES. Cuando eso no alcanza, entra el Tesoro. El problema es que ya no alcanza.

Con un déficit estructural en aumento, la deuda con prestadores superaría los $500 mil millones, un número que ya impacta directamente en la atención: cirugías postergadas, estudios demorados y servicios recortados. En paralelo, clínicas y sanatorios empiezan a bajarse del sistema o a restringir prestaciones, trasladando el costo a los afiliados.

De activo político a pasivo incómodo

Durante los primeros meses del gobierno libertario, el PAMI funcionó como una caja de poder, con una lógica de control interno que ordenaba el esquema.

Pero ese modelo empezó a mostrar límites. La estructura que servía para disciplinar y distribuir dejó de ser efectiva frente a una crisis financiera que ya no se puede contener con gestión política.

Hoy, en la Casa Rosada reconocen por lo bajo que el PAMI pasó de ser un activo a un pasivo sensible, con impacto directo en un electorado clave: los jubilados.

Reuniones de urgencia y presión de prestadores

Frente a ese escenario, el Gobierno activó una serie de reuniones para evitar que el conflicto escale. Por un lado, las autoridades del PAMI recibirán a cámaras que agrupan a clínicas, sanatorios y laboratorios, con el objetivo de descomprimir la tensión.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá con el titular de Salud, Mario Lugones, en el Palacio de Hacienda para evaluar la situación del sistema y definir posibles salidas. La preocupación es concreta: evitar un corte generalizado de prestaciones.

Auditorías, internas y control

En medio de la crisis, también se mueve la política. El asesor presidencial Santiago Caputo intervino en la discusión y mantuvo reuniones para ordenar el conflicto puertas adentro.

En ese contexto, el PAMI oficializó la designación de María Florencia Zicavo como nueva síndico general del organismo, en un intento de reforzar el control sobre un sistema atravesado por auditorías, reclamos y denuncias. La movida busca enviar una señal de orden en un momento donde la gestión está bajo la lupa.

El problema del PAMI no es solo financiero, es político. La combinación de deuda, recorte de prestaciones y salida de prestadores impacta de lleno en uno de los sectores más sensibles: los jubilados.

En un contexto económico todavía frágil, el Gobierno enfrenta un dilema incómodo: poner más recursos para sostener el sistema o asumir el costo de un deterioro que ya empezó a sentirse en la calle.