La batalla judicial entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional ha alcanzado una cifra récord y una fecha clave en el calendario: el 21 de abril.

El Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, confirmó en diálogo con Diagonal a Contramano que la administración de Axel Kicillof ya interpuso su octava demanda ante la Corte Suprema, elevando el reclamo por fondos adeudados a la impactante suma de 23 billones de pesos.

El “torniquete” previsional: la auditoría como excusa

Pérez Teruel desglosó el nudo técnico que mantiene frenados los fondos de la Caja de Jubilaciones, señalando una parálisis deliberada por parte de la Nación.

Históricamente, las compensaciones por los sistemas previsionales provinciales se enviaban mediante anticipos basados en auditorías conjuntas. “Esa actividad se suspendió por decisión del Estado Nacional”, denunció el funcionario.

El argumento de la Casa Rosada es que, al no estar hechas las auditorías, no se pueden autorizar los giros.

Para el Asesor General, la discusión es de forma, no de fondo. “El Estado Nacional está en falta por no haber realizado las tareas. La discusión es sobre la auditoría, no sobre el derecho de la Provincia a recibir esos fondos”.

La audiencia por os fondos previsionales

Tras un primer encuentro donde Nación alegó falta de información, la Corte Suprema convocó a una nueva audiencia para el 21 de abril a las 10:00, donde habrá movilización por parte del Gobierno bonaerense, en compañía de los intendentes bonaerenses.

Pérez Teruel se mostró optimista tras el desempeño de la Secretaría de Juicios Originarios del tribunal. La Provincia ratificó que ya remitió nuevamente toda la documentación solicitada para que el Estado Nacional no tenga “excusas técnicas” durante la audiencia.

El funcionario calificó la interrupción de transferencias como “intempestiva” y sin coordinación, lo que afectó gravemente la ejecución de obra pública y la prestación de servicios esenciales en los 135 municipios.