La disputa por el control de la infraestructura vial en territorio bonaerense escaló a un nuevo nivel de tensión jurídica. El presidente de AUBASA, José Ramón Arteaga, denunció en Diagonal a Contramano graves irregularidades en la licitación lanzada por el Gobierno nacional para la concesión de rutas clave, calificando el proceso como “arbitrario” y carente de transparencia.

Ante este escenario, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, confirmó una presentación formal ante las Defensorías del Pueblo de la Provincia y la Nación para solicitar veedores que garanticen la legalidad del concurso.

Arteaga fue contundente al señalar que el proceso licitatorio para la Red Federal de Concesiones (Etapa II) —que incluye tramos estratégicos de las rutas 3, 205, 226 y las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas— está viciado por exigencias no contempladas originalmente.

La empresa bonaerense detectó modificaciones en los pliegos a pocos días del cierre, incluyendo requisitos técnicos que “no estaban en el pliego original” y que buscarían, según la provincia, dejar fuera a la operadora estatal.

Se denunció una demora injustificada en la evaluación técnica de las ofertas, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de corredores que hoy presentan un estado de abandono crítico.

“Pedimos veedores para que la licitación sea objetiva y no una adjudicación 'a dedo' que perjudique a los bonaerenses”, enfatizó Arteaga.

El costo del abandono: “parálisis es sinónimo de muerte”

Para el titular de AUBASA, la discusión no es meramente administrativa, sino de seguridad pública. El impacto de la parálisis de la obra pública nacional en los últimos dos años ha sido, según Arteaga, “devastador”.

“Paralizar las obras viales es sinónimo de accidente y muerte. Estamos viendo niveles históricos de accidentología fatal en rutas nacionales por falta de mantenimiento”, advirtió el funcionario.

AUBASA se propone como una “empresa modelo” de gestión pública que reinvierte el 100% de los peajes en mantenimiento, señalización y asistencia, contrastando con el modelo de privatización que impulsa la gestión de Javier Milei.