El tablero político argentino se calienta con un nuevo y multifacético enfrentamiento entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional. El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, activó a la empresa pública Aubasa para competir en la licitación de corredores viales nacionales, marcando el inicio de una escalada que promete tensiones.

Es una jugada audaz que busca arrebatarle a la administración central el control de rutas clave, por donde circulan diariamente cerca de un millón de usuarios.

La movida no es casual. Katopodis denunció públicamente que, a pocos días del cierre de ofertas, el Ministerio de Economía nacional modificó “decenas de artículos” del pliego, alterando las condiciones originales y sembrando sospechas sobre la transparencia del proceso.

Para la Provincia, estos cambios “desvirtúan” la competencia y revelan una “clara intención de recaudar más” a través de peajes más caros o nuevos puntos de cobro, sin garantizar la reinversión necesaria en una infraestructura vial que ya califican de “deplorable”.

En este escenario, Aubasa, la empresa provincial que gestiona la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Ruta 2, se presenta como la alternativa “superavitaria” y eficiente que reinvierte el 100% de sus ingresos en obras y mantenimiento.

Desde La Plata, el dedo acusador apunta al "deplorable" estado de las rutas nacionales y a la falta de inversión del gobierno central, a pesar de contar con financiamiento específico, como el impuesto a los combustibles, que según la Provincia, no se ejecuta.